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El bloqueo de los convenios colectivos toca a su fin


El arbitraje se perfila como solución en los conflictos colectivos que se alargan – Sindicatos y CEOE superarán el plazo que fijó el Gobierno para pactar la reforma

El conflicto de los controladores aéreos se ha erigido en paradigma de los excesos que pueden producirse en la negociación colectiva. Pese a constituir una rareza, la idea de un convenio prorrogado durante seis años por la obcecación de empresa y trabajadores evidencia la perversión a la que puede llegar el modelo español. Esa prórroga infinita tiene los días contados, a juzgar por la reforma del sistema que perfilan la patronal y los sindicatos. Fijar plazos a la negociación, obligar a presentar propuestas y, en última instancia, recurrir a un árbitro constituyen las claves de un nuevo esquema que dará un vuelco a las relaciones laborales.

La reforma de los convenios es la última de las comprometidas por el Gobierno -hasta ahora- para impulsar la competitividad. El Ejecutivo aceptará sin tachas el modelo que pacten CEOE y Cepyme con UGT y Comisiones Obreras, aunque los puntos de acuerdo son aún precarios. Pero una idea fundamental los acerca: la necesidad de poner plazos a la negociación colectiva. Con la reforma, empresa y trabajadores arrancarán el diálogo entre tres y seis meses antes de que expire el convenio. Y a partir de ahí se pautará todo el proceso para evitar bloqueos.

CEOE aboga por “un periodo máximo de duración” de la prórroga del convenio, según un documento interno de la organización al que ha tenido acceso este periódico. Transcurrido ese plazo, que en diferentes reuniones han fijado en uno o dos años, un convenio de empresa quedaría absorbido por el sectorial. Y si no hay ninguna referencia superior, desaparecería sin más. Este punto resulta inaceptable para los sindicatos, pues supone consagrar una doble escala laboral en las empresas: la de los trabajadores del convenio expirado y la de los incorporados tras la desaparición de ese marco. Pero UGT y CC OO son conscientes de que tendrán que ceder algo si pretenden evitar tal fórmula.

El punto de equilibrio en ese choque de intereses reside en la mediación. Es muy probable que los empresarios renuncien a invalidar un convenio caducado si a cambio se pueden asegurar la negociación ágil de uno nuevo. Y eso solo se garantiza con la intervención última de un tercero, sea un mediador (intercede en la negociación sin forzar el acuerdo) o un árbitro (su decisión es vinculante, como ha ocurrido con la de Manuel Pimentel en el conflicto de los controladores). La clave es que este recurso, hasta ahora voluntario, se convierta en la vía ordinaria de solución de conflictos, de forma que ni empresas ni trabajadores puedan bloquear indefinidamente un proceso.

Casi más importante que la negociación del convenio resulta la capacidad para adaptarse a problemas sobrevenidos. Empresarios y sindicatos aceptan, incluso por escrito, potenciar el convenio de empresa y la flexibilidad interna para apartarse de lo pactado (jornadas, salarios, movilidad…) en coyunturas adversas. Pero las condiciones que exige cada uno alejan, de momento, el acuerdo. Los sindicatos demandan más participación en esas decisiones empresariales y los patronos quieren manos libres cuando se trate de medidas temporales.

Paradójicamente, los salarios quedan fuera de esta intensa discusión para modernizar un marco laboral que data de 1980. Pese a constituir el núcleo de las negociaciones entre empresarios y trabajadores, lo que CEOE, Comisiones y UGT discuten ahora no es el contenido de la negociación colectiva, sino su estructura. En todo caso, es posible que, presionados por el debate público y por el acuerdo que acaba de adoptar la Unión Europea para vincular más los salarios a la productividad, los agentes sociales incluyan alguna mención a ese respecto, aunque sea en el preámbulo, según sugiere una fuente de la negociación. Si no hay nuevas indicaciones, los salarios se guiarán por el modelo plurianual pactado hace un año, que recomienda subidas de entre el 1% y el 2% en 2011, más las cláusulas de revisión que protegen el poder adquisitivo si la inflación se desvía.

La negociación entra ahora en una semana clave, aunque no la última, como estaba previsto. Sindicatos y empresarios admiten que rebasarán el plazo otorgado por el Gobierno, el 19 de marzo, y se demorarán como mínimo hasta finales de mes. Pero las perspectivas de acuerdo son favorables. “Llegarán a un pacto porque se están aproximando a las materias sin prejuicios del pasado”, asegura una fuente conocedora de las conversaciones.

Más allá del posibilismo, CEOE incluye en su documento varias ideas rompedoras. Entre ellas, eximir a los emprendedores que inician un negocio del cumplimiento del convenio o articular “otras expresiones de lo acordado” fuera del convenio colectivo. Empresarios y sindicatos coinciden en sacar a todos los directivos del ámbito del convenio, una práctica ya habitual pero no obligatoria.

El País

 

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