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El Gobierno propone a las empresas pagar menos por regularizar el empleo “negro”


El plan del Gobierno contra el empleo sumergido contempla reducir a la mitad, de un año a seis meses, el periodo de cotización que se le reconocerá al trabajador cuando su empresa regularice voluntariamente su situación.

Según fuentes de la negociación, éste es uno de los pocos cambios introducidos en el anterior borrador remitido a patronal y sindicatos, que ya se ganó los reproches de ambas partes.

Los beneficios del alta en la Seguridad Social de estos trabajadores tendrán carácter retroactivo hasta el 1 de enero de 2011, seis meses antes de que termine el plazo, 30 de junio, para que las empresas puedan realizar estas regularizaciones voluntarias. Este margen era de un año en la primera propuesta del Ejecutivo.

El Gobierno se mantiene firme en que estas regularizaciones puedan dar lugar tanto a contratos temporales como indefinidos sin que las empresas tengan que hacer frente a sanciones administrativas.

Se mantiene también que estas empresas puedan aplazar sus deudas con las Seguridad Social, sin que tengan que presentar obligatoriamente garantías para asegurar el pago de las cotizaciones, caso en el que el aplazamiento tendrá una duración máxima de dos años.

Quejas de los sindicatos y de los empresarios

Según los sindicatos, la nueva formulación empeora la propuesta inicial. Por ello, aunque las negociaciones siguen abiertas, estos agentes sociales preparan una actuación conjunta para rechazar su aprobación en Consejo de Ministros.

Los empresarios, por su parte, tampoco aplauden el nuevo borrador porque mantiene un incremento de las sanciones una vez finalizado el periodo de gracia, hasta un máximo de 187.515 euros, y con vocación de permanencia, a diferencia del planteamiento coyuntural inicial.

Las empresas tendrán también que comprobar con carácter previo a la subcontrata de otra entidad que sus trabajadores han sido dados de alta en la Seguridad Social porque de lo contrario serán consideradas corresponsables en caso de sanción.

La nueva propuesta del Gobierno también plantearía que las empresas sancionadas por infracciones muy graves pierdan automáticamente las ayudas, bonificaciones y otros beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, en este caso con efectos desde que se cometió la infracción. Además, podrán ser excluidas de tales beneficios por un máximo de dos años.

(Noticia extraída de El Mundo)

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