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Última oportunidad para regularizar los trabajadores en negro


“El periodo de regularización es de 86 días. Las empresas tienen una oportunidad de oro para eludir las sanciones más fuertes, pero cada día que pasa pierden una oportunidad”. Con esta frase, Demetrio Vicente (La Horcajada, Ávila, 1959), director general de la Inspección de Trabajo, se muestra confiado en que el anuncio de que en tres meses las multas a las empresas aumentarán bastante será un incentivo suficiente para sacar el trabajo negro a la luz. No en vano, es casi la única medida del plan aprobado por el Gobierno contra el empleo sumergido.

Pregunta. ¿Cuándo ha crecido la economía sumergida en crisis?

Respuesta. Sube en todas las crisis. La cuantificación es muy complicada. No hay un valor fiable. Esto se produce en todos los ciclos económicos, y sobre todo en trabajo no declarado. Lo más grave es que lleva aparejadas situaciones de trabajo absolutamente descontroladas: salarios, seguridad y salud.

P. El Gobierno ha aprobado un plan para sacar a flote empleo sumergido que prevé un aumento significativo de las sanciones desde el 31 de julio, ¿será suficiente para atemorizar a los empresarios y que regularicen la situación de trabajadores sin contratos?

R. Es un factor relevante, sobre todo cuando va precedido del anuncio del anticipo de un periodo en el que se permite regularizar esas situaciones.

P. ¿Cuántos trabajadores se darán de alta?

R. Es imposible saberlo. Como es imposible saber el volumen de economía sumergida.

P. ¿Cómo va a cambiar la actuación de la Inspección de Trabajo a partir del 31 de julio?

R. Va a intensificar las actuaciones con un plan específico de profundización de actuaciones y de incremento de eficacia.

P. ¿Bastará el anuncio de multas más duras con una plantilla de inspectores tan baja?

R. Yo no diría eso. En Europa se computa a funcionarios que tienen competencias solo en seguridad y salud en el trabajo. Alemania tiene aparentemente ratios mejores que España. Sin embargo, es personal sin competencias en economía sumergida.

P. En todo caso, unos 1.000 inspectores y otros 1.000 subinspectores se antojan insuficientes.

R. Vamos a priorizar, y a dedicar la práctica totalidad de los recursos al plan específico que se diseñe. No digo la totalidad, porque hay otras cosas que atender…

P. ¿Eso supone más actuaciones?

R. Supone que la acción se va a concentrar en el tiempo.

P. ¿Cuánto?

R. Es pronto todavía. Estamos en la fase de diseño. Comprenderá varias fases. Una primera de regularización voluntaria del empleo irregular hasta el 31 de julio. A partir del 1 de agosto . En economía y empleo irregular tenemos bastante experiencia. Y vamos mejorando. ¿Cómo? Aprovechando más la información de las Administraciones públicas en general, y en particular en la Agencia Tributaria. La colaboración ya se desarrolla desde hace años, y de manera más intensa desde marzo de 2010. Y a raíz de esto la vamos a intensificar más.

P. ¿Cómo? ¿En qué sectores se van a concentrar?

R. Depende de los cruces [de información] que elaboremos. Tradicionalmente hay sectores que generan más empleo irregular: construcción, agricultura, hostelería, servicios en general…

P. Pero el Gobierno advirtió que de los datos obtenidos en el proceso de regulación no se sacaría información para una posterior persecución fiscal.

R. No tiene nada que ver. Hablamos de detectar sectores o empresas que por la información disponible pueden tener indicios de empleo sumergido.

P. Está en trámite la reforma de la Inspección. Contempla una mejora técnica, tecnológica… Pero no hay previsto ningún aumento de efectivos. ¿Cuándo llegará?

R. No es el marco. Queremos preservar el modelo de inspección ante un escenario derivado de la organización territorial. Hay que adaptarse a lo que prevén estatutos como el catalán, que ha supuesto traspasar parte de la Inspección a la Generalitat.

P. ¿Y cómo se va a articular?

R. La ley establece el marco general para mantener el sistema unitario e integrado: una empresa, un inspector. Además, integra a las autonomías en los órganos de dirección. En la actualidad, las autonomías tienen un nivel de consulta. A partir de ahora, las decisiones serán colegiadas.

(Noticia extraída de El País)

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