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Si fracasa la negociación colectiva, deberá legislar los convenios colectivos el Gobierno


Sindicatos y patronal dieron ayer al traste con meses de un diálogo tan intenso como estéril y renunciaron oficialmente a resolver una cuestión -la reforma de la negociación colectiva- que resulta trascendental para la coyuntura que atraviesa en estos momentos la economía española. Tras las sucesivas prórrogas de una negociación que se ha prolongado siempre más de lo previsto, la ruptura de las conversaciones entre sindicatos y CEOE no ha sido una sorpresa, pero sí ha puesto de manifiesto una grave falta de voluntad de diálogo y un déficit de responsabilidad institucional. Y es que más allá de los intereses de parte de cada uno de los agentes sociales, modernizar la negociación colectiva resulta una condición necesaria para impulsar la recuperación del crecimiento económico y constituye una piedra de toque respecto a la firmeza reformadora de España frente a Bruselas y a los mercados financieros, pero también frente a nosotros mismos.

El roto hecho ayer al objetivo de reformar la negociación colectiva, cuya rigidez constituye un pesado lastre para el mercado laboral y para la competitividad de las empresas, deberá ahora ser zurcido por la intervención directa del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero ya anunció que el Ejecutivo aprobaría su propia reforma si no se llegaba a un acuerdo, en un intento por auspiciar una solución entre las partes y poner fecha de caducidad a las negociaciones. Rotas definitivamente estas, es urgentísimo que ponga las bases de una reforma que se ha retrasado demasiado tiempo y que, de ninguna forma y por ningún motivo, debe dilatarse más.

El presidente de la patronal, Juan Rosell, aludía ayer al esfuerzo pedagógico realizado por CEOE frente a los sindicatos para explicar la necesidad de reformar aspectos vitales del modelo actual -haciendo especial hincapié en la necesidad de reducir drásticamente las modalidades de contratación y de flexibilizar los convenios- mientras que estos culpaban al nuevo escenario político generado tras las elecciones y a supuestas diferencias internas en la patronal del endurecimiento a última hora de las posiciones de esta.

En cualquier caso, entre las cuestiones que no han podido ser solventadas en la mesa de diálogo figuran asignaturas pendientes y urgentes, como es el caso de la limitación de la ultraactividad de los convenios, que será responsabilidad del Gobierno valorar. Desde el Ministerio de Trabajo ya se ha reiterado en distintas ocasiones que el Ejecutivo legislará a partir de los puntos de encuentro de los agentes sociales y que tratará de alcanzar un equilibrio entre los intereses de unos y otros. Un objetivo razonable desde un punto de vista político, pero con el que podría correrse el riesgo de alumbrar una nueva reforma que prolongue los defectos actuales y no contente a nadie. Lo único claro hoy es que los protagonistas de la negociación han demostrado una extraordinaria incapacidad para pactar.

 

Cinco días

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