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El Senado rechaza limitar la cláusula de suelo de las hipotecas, aunque la considera abusiva


El Pleno del Senado rechazó hoy dos enmiendas de Entesa Catalana de Progrés para limitar la aplicación de cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades financieras, pese a reconocer que estos tipos mínimos de interés que han de pagar los clientes tienen carácter “abusivo”.

Las enmiendas al proyecto de Ley de Contratos del Crédito al Consumo recibieron el apoyo de tan sólo nueve senadores, frente a 227 votos en contra, procedentes de representantes del PP, PSOE, CIU, PNV o Grupo Mixto.

El senador popular Miguel Ortiz reconoció que las cláusulas suelo son “abusivas”, aunque abogó por que sea el Congreso de los Diputados, a través de la recién creada subcomisión de análisis y posible reforma del Sistema Hipotecario Español, el que proponga las medidas a adoptar.

“Se debe afrontar conjuntamente toda la reforma del sistema hipotecario”, dijo Ortiz, que recordó que, a su juicio, es necesario no sólo abordar la problemática de las cláusulas suelo, sino también las daciones en pago (que permiten cancelar la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda).

Con los argumentos de Ortiz coincidió el senador socialista Francisco Vallejo, que se mostró a favor de impulsar el trabajo de la subcomisión, pese a que “muchas veces los ciudadanos lleven razón al pensar que aquí mareamos la perdiz”.

Vallejo admitió que el análisis del sistema hipotecario es “urgente” e “importante”, dado que cualquier medida debe contemplar sus efectos sobre la concesión de créditos, entre otras cuestiones.

Durante el debate en el Pleno del Senado, todos los grupos parlamentarios coincidieron en apoyar el dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley de Contratos del Crédito al Consumo, que fue aprobado por unanimidad.

Todos los senadores que intervinieron en el debate destacaron que esta normativa elimina la rigidez de las cláusulas que regulan los contratos de créditos y adapta la legislación española a la directiva comunitaria, aunque con retraso (debía haber estado traspuesta antes de mayo de 2010).

 

Cinco días

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