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Plan para la inserción laboral de 600.000 a través de la formación


Trabajo baraja incentivos para formar a jóvenes desempleados sin estudios – Los beneficiarios saldrían de las listas de paro si los cursos fueran intensivos.

Los parados sin formación corren el riesgo de quedar ajenos a la ansiada recuperación del mercado laboral. Consciente de ese peligro, el Gobierno prepara un plan para insertar en el mundo laboral a unos 600.000 jóvenes sin estudios, el 12% de los actuales desempleados. Se trata de ofrecer programas formativos a esos parados para que adquieran una cualificación que les facilite una ocupación. El Ministerio de Trabajo busca algún estímulo (económico o de otra índole) que anime a estos jóvenes a participar en los programas, según fuentes del Ejecutivo. Si hubiera remuneración de por medio o si la formación fuese intensiva, los beneficiarios del plan abandonarían las listas del paro, lo que contribuiría a aliviar las cifras, al menos a corto plazo.

La pretensión inicial del Gobierno consistía en buscar una especie de renta que incentivara a estos jóvenes sin titulación a formarse. Pero las estrecheces presupuestarias han llevado a Trabajo a reconsiderar la idea. Este departamento contaba con un colchón de gasto en desempleo que previsiblemente no se consumiría. Pero con los indicios más que razonables de que muchas comunidades autónomas sobrepasarán su objetivo de déficit este año, el Gobierno insta a todos los departamentos a ahorrar cualquier posible partida que quede por debajo de lo previsto. El objetivo es compensar -como ocurrió el año pasado- las desviaciones de déficit que arrojen las autonomías.

Con esas limitaciones, Trabajo estudia qué tipo de incentivo puede introducir y si cabe esa posibilidad de una remuneración por participar. Más allá del indudable beneficio al parado, configurar el programa con una renta asociada o como formación intensiva (un mínimo de 400 horas al año o el equivalente para periodos más cortos) permite sacar a ese colectivo de las listas del paro en la mayoría de los casos. Al no estar en disposición de aceptar un empleo, los servicios públicos no los consideran desempleados mientras dure el programa. Con la cota de paro rozando los cinco millones de personas, el 21% de la población activa, cualquier incidencia en esa abultada cifra resulta relevante, máxime con las elecciones en el horizonte.

De todos los parados, el colectivo compuesto por los jóvenes sin formación preocupa especialmente. “Es uno de los problemas más graves, pues corre el peligro de hacerse crónico”, aseguran fuentes gubernamentales. Para conseguir que estos parados tuvieran ya una certificación acreditada cuando la reactivación del empleo comience a consolidarse, la formación debería ofrecerse en un periodo relativamente corto, preferiblemente a través de dos canales ya existentes: formación profesional o formación para el empleo.

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, se reunió ayer con empresarios y sindicatos para plantearles las tareas pendientes en la mesa de empleo, entre ellas este plan para jóvenes. El Gobierno confía en contar con los agentes sociales en esta suerte de segunda reforma laboral, pero estaría dispuesto a sacar adelante las medidas sin esos apoyos. Respecto al escaso tiempo disponible para aprobar cualquier novedad, las mismas fuentes aseguran que casi ninguna medida requiere cambios legales, con lo que la tramitación sería ágil.

Otra de las decisiones que deberá adoptar Trabajo en pocos días corresponde a la renovación o no del programa Prepara, la renta de 400 euros que reciben ahora unas 100.000 personas que participan en programas de formación. El plan, heredero de los 426 euros que se otorgaban antes a parados sin rentas que hubieran agotado prestación y subsidio, se aprobó en febrero para un periodo de seis meses que concluye en agosto. Los sindicatos han pedido que se prorrogue, aunque las directrices de Economía para ahorrar al máximo ponen en cuestión su mantenimiento.

Más allá de estas dos cuestiones aún inciertas, Trabajo puso ayer sobre la mesa otros proyectos más perfilados. El principal consiste en una nueva regulación del empleo a tiempo parcial que aumenta la protección social y aumenta la flexibilidad de jornada para los contratos indefinidos. Otra de las tareas pendientes es dar carácter permanente a la financiación del despido que hace ahora el Fondo de Garantía Salarial para todas las empresas. Este fondo público, nutrido con aportaciones empresariales, seguirá pagando una parte de los despidos económicos, aunque el Gobierno quiere acotarlo solo a los procedentes.

Además, se pretende que cualquier contrato temporal pueda convertirse en el indefinido con despido más barato (33 días por año), como ocurría hasta diciembre de 2010. Trabajo estudia también un modelo dual que combine empleo y formación, similar al que existe en Alemania.

Las tareas pendientes de Valeriano Gómez

Plan para jóvenes. Trabajo pretende dar formación a los 600.000 jóvenes parados sin titulación que calcula existen en España. El ministerio estudia incentivos para propiciar que retomen los estudios.

Modelo dual. Más allá de ese proyecto, el Gobierno quiere implantar en el mercado español el modelo alemán que combina formación y empleo de manera permanente.

Ayuda de 400 euros. El Ejecutivo debe decidir en los próximos días si prorroga más allá de agosto la subvención de 400 euros que reciben los parados que agotan la prestación y participan en alguna acción formativa. Las estrecheces presupuestarias amenazan su continuidad.

Despidos financiados. El Fondo de Garantía Salarial abonará de forma permanente una parte de los despidos económicos, aunque en adelante solo serán los procedentes (aquellos en los que el empresario tenía razón).

Temporales en fijos. El contrato fijo más barato (33 días por año) recuperará un importante incentivo al poder convertir a esta fórmula los contratos temporales ya en vigor.

Contrato a tiempo parcial. El Gobierno estudia cambiar la regulación para potenciarlo.

 

El País

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