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El Gobierno prevé elevar la protección del contrato a tiempo parcial


La patronal y los sindicatos chocan sobre la regulación de este empleo. El Ejecutivo prepara un decreto al que añadirá la reforma del Fogasa y la prórroga del ‘cheque-parado’.

El Gobierno quiere elevar artificialmente la cotización de los trabajadores a tiempo parcial para mejorar sus derechos de pensión de jubilación y, en su caso, de incapacidad permanente, cuando corresponda.

El Ejecutivo quiere subir a 1,75 el coeficiente multiplicador por el número de horas de trabajo real, y a su vez de cotización, con el fin de que pueda resultar más atractivo para los desempleados. Esta ventaja se aplicará en estos contratos, tanto durante los dos primeros años del nuevo empleo, como de los que estuvieran ya vigentes.

Si una persona trabaja cuatro horas –media jornada– durante veintidós días al mes, excluidos los cuatro fines de semana, ha cotizado realmente 88 horas. Actualmente, ese periodo se multiplica por 1,50, lo que arroja un resultado de cotización real equivalente a 132 horas al mes. Esa cifra dividida por ocho horas de trabajo equivale a 16,5 días de cotización.

Utilizando el coeficiente de 1,75, el resultado final son 19,5 días de cotización. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de los trabajadores a tiempo completo, las empresas no cotizan a la Seguridad Social por estos trabajadores durante los días festivos. Por esta razón, el Gobierno advierte de que, “en ningún caso, [como consecuencia de la aplicación del coeficiente] el número de días cotizados computados puede ser superior al que correspondería de haberse realizado el trabajo a tiempo completo”.

Con esta propuesta de elevar la protección social de los trabajadores, el Gobierno busca que el contrato sea más atractivo para los desempleados. Hay que tener en cuenta que, en España, tan sólo 2.256.000 personas están con esta fórmula contractual; el 14,4% de los asalariados. El 80% de ellos son mujeres, según resalta Paloma López, secretario de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO).
Sin embargo, la media de utilización de este contrato en la Unión Europea es del 30% de los asalariados y, en algunos países como Holanda, representa al 50% de los asalariados. La popularidad y la flexibilidad de esta fórmula es una de las razones de que la tasa de paro en este país jamás supere el 10% de la población activa.

El Gobierno también quiere que los trabajadores fijos-discontinuos disfruten de esta mejora en los derechos de pensión. Este tipo de empleados son muy habituales en el turismo, la hostelería, la agroalimentación y la construcción.

Sin embargo, la negociación que el Gobierno mantiene con la patronal CEOE y los sindicatos ha chocado con el desacuerdo de ambos.
Con la oposición de los empresarios porque advierten de que la regulación que hace el Ejecutivo del contrato es muy rígida para la flexibilidad que necesita el empresario.

Prácticamente, el Gobierno empuja a la dirección de la compañía y de los sindicatos a que regulen el contrato en la negociación colectiva y, si no es así, ha puesto tales condiciones que molestan a CEOE y a CCOO y UGT.
Por ejemplo, la propuesta exige que en el contrato figure el porcentaje de la jornada de trabajo diaria, semanal, mensual o anual. Además, el Ejecutivo requiere al empresario para que “la parte variable de la jornada no pueda exceder del 10% de la parte fija”. Incluso, le obliga a comunicar al trabajador, con una antelación de tres días, la jornada y la hora de la realización de la parte variable para adaptarse a un repunte de la demanda. A pesar de ello, los sindicatos CCOO y UGT consideran que ese es un plazo muy corto para avisar al trabajador, según Paloma López, secretaria de Empleo.

Las centrales también piensan que el Gobierno “da mucha flexibilidad al empresario”. Sobre todo, cuando establece que “corresponderá a la compañía determinar la realización o no de la parte variable de la jornada en función de sus necesidades organizativas o productivas”. Bien es verdad que deberá hacerse inmediatamente antes o después de la parte fija.

Rubalcaba plantea un contrato para los jóvenes que dejaron de estudiar
Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, propuso ayer un contrato de trabajo y aprendizaje para jóvenes desempleados. En especial, para aquellos que abandonaron la enseñanza secundaria atraídos por la facilidad de encontrar trabajo en la construcción en la pasada explosión del mercado inmobiliario, y ahora, no tienen ni estudios ni trabajo. En la red social twitter, Rubalcaba dijo que no se puede pretender que “un chaval de 22 años vuelva al instituto con chicos de 16 años”. Por esta razón, el candidato socialista propuso dar a estos jóvenes descolocados una “formación específica”, que denominó “contrato de “trabajo-aprendizaje”. “Sin formación no encontrarán empleo”, concluyó.

SUBVENCIÓN AL DESPIDO
En el mismo decreto en el que reforme el contrato a tiempo parcial, el Gobierno tiene previsto incluir la reforma de los costes del despido a través del Fondo de Garantía Salarial. Como adelantó EXPANSIÓN, el pasado 19 de julio, el Fogasa destinará 150 millones de euros desde este momento hasta 2014 para subvencionar a las empresas ocho días de la indemnización por despido. Hasta el 31 de diciembre, la ayuda se destinará al procedente e improcedente y, a partir de esa fecha, tan sólo al despido procedente.

AYUDAS A LOS PARADOS
El Consejo de Ministros también aprobará próximamente una prórroga, por un nuevo semestre de la ayuda de 400 euros mensuales que destina a los parados que hayan dejado de cobrar perdido todas las prestaciones. El pago del subsidio tiene como condición que el desempleado acepte las ofertas de trabajo, las propuestas de formación y actividades dedicadas a buscar empleo que le presente la Administración. La actual prórroga termina el 19 de agosto.

EMPLEADAS DE HOGAR
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y los secretarios generales e CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, presentaran hoy la integración de las empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. La reforma ayudará a unas 700.000 trabajadoras a regularizar su situación, obligando al empresario, o la familia, a dar de alta al empleado y acotizar por él. Para que el nuevo régimen no resulte gravoso para el empleador, hay un régimen transitorio hasta 2019.

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