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Cambian los hechos, cambio de opinión


“Cuando cambian los hechos, cambio de opinión”. Esta conocida cita del gran economista británico Keynes bien podría haber inspirado el viraje en política laboral que el Gobierno dio ayer. El segundo Consejo de Ministros extraordinario de agosto acordó suspender durante dos años los límites a la temporalidad y ampliar a los 30 años el uso de los contratos de formación hasta el 31 de diciembre de 2013, con cuota cero a la Seguridad Social.

De un plumazo, el Ministerio de Trabajo desanda gran parte de lo andado en esta legislatura y en la anterior contra la temporalidad, la gran brecha por la que se ha colado una intensa destrucción de empleo sin precedentes. “En crisis, lo importante es sostener el empleo, sea temporal o indefinido, pero preferimos tener un empleo temporal antes que un parado”, justificó, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para justificar la marcha atrás y la vuelta a la vieja receta de la temporalidad para estimular el comatoso mercado laboral.

Ironías amargas del destino, Gómez era secretario general de Empleo en 2006, cuando Gobierno y agentes sociales acordaron prohibir encadenar contratos temporales por espacio de dos años en un periodo de 30 meses en la misma empresa. Se trataba de combatir la temporalidad que afectaba al 35% de los asalariados. Medidas como esta y la destrucción de empleo han rebajado la tasa al 25%. Aún así, este es otro dato que separa a España de la UE, donde de media la temporalidad afecta al 14% de los asalariados.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, Gómez tuvo que desdecirse cinco años después y argumentar la suspensión por dos años del Estatuto de los Trabajadores, que limita el encadenamiento de contratos temporales. “En este momento, todavía de destrucción de empleo y de escaso crecimiento, [esta restricción] está obstaculizando el mantenimiento del empleo en las empresas”, explicó.

El responsable de Trabajo hizo hincapié en que el Ejecutivo solo suspendió la regla de 2006, no la eliminó. Y, consciente de las críticas que va a cosechar afirmó que la política laboral tiene que adaptarse a la coyuntura: “Las circunstancias han cambiado y la legislación debe responder”. Los hechos keynesianos que han hecho cambiar de opinión a Gómez son un paro en el 20,8% (46,1% entre menores de 25 años), casi cinco millones de desempleados y una negra perspectiva por años para la creación de trabajo.

La suspensión de los límites a la temporalidad es una de las cinco medidas que contiene el decreto que el Gobierno ha aprobado en un nuevo paquete, el enésimo, para combatir el paro y sus consecuencias. Las otras cuatro son la prórroga del Plan Prepara -una paga de 400 euros durante medio año para parados sin prestación ni subsidio-; la extensión hasta finales de 2013 de la ayuda del Fogasa a las indemnizaciones correspondientes a los despidos procedentes; la posibilidad de que los contratos temporales se transformen en contratos de fomento de empleo (33 días por año trabajado en caso de despido frente a los 45 de los compromisos ordinarios) y una nueva regulación de los compromisos de formación que permitirá contratar con esta figura hasta los 30 años hasta finales de 2013 y hasta los 25 a partir de entonces.

Respecto de este último, Gómez también salió al paso de las críticas sobre la precariedad que puede introducir en el mercado laboral. “No es un contrato basura”, declaró, “la protección social será exactamente la misma que para cualquier otro contrato”. “Son muchos los jóvenes que con motivo de la burbuja inmobiliaria renunciaron a la formación, y ahora no tienen formación ni empleo”, ahondó el portavoz del Gobierno, José Blanco.

No obstante, en lo que los dos ministros tuvieron que emplearse a fondo fue en la defensa del retorno a la temporalidad como solución a la crisis. Ya fue así en 1984. Entonces, también con un paro desbocado, se creó este tipo de contratos para combatir la crisis. Tuvo éxito. Pero luego se convirtió en un mal endémico del mercado laboral. Sirva lo que ha pasado en esta crisis: de los dos millones de puestos de trabajo destruidos, 1,4 millones eran temporales.

En la última reforma laboral, la aprobada en 2010, trató de cambiarse este patrón. Pero ante la incertidumbre económica, las empresas han recurrido más que nunca a los contratos temporales. Y cuando ya no pueden utilizarlos más, rehúsan a transformar el compromiso en fijo. “Lo que pretende el Gobierno es que no se despida a esos trabajadores a los que los empresarios no hacen indefinidos”, resumió Gómez.

La medida ha desatado el enfado sindical. “Supone la indefensión total de cientos de miles de personas con contratos temporales sin causa, además de legalizar el fraude de ley”, criticó CC OO. “Es una apuesta por la temporalidad, el empleo de mala calidad y con menos derechos”, sentenció UGT.

Nada comentó sobre el asunto la patronal. En su comunicado de valoración de las medidas, CEOE omitió valorar esta y optó por quejarse de que el decreto no contenga los cambios que el Ejecutivo había anunciado en contratación a tiempo parcial. “Supone, de nuevo, una oportunidad perdida en la flexibilización de este contrato”.

También merecieron críticas de los agentes sociales el resto de medidas. Los sindicatos solo salvaron de la quema la prórroga del Plan Prepara, pero con matices. “Algunas son positivas pero insuficientes”, calificó UGT.

A los ataques de los agentes sociales, se sumaron los de la oposición. El portavoz económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, habló de “improvisación y descoordinación”. Pero la carga más dura llegó desde la izquierda. “[España será] el paraíso de los empresarios y el infierno de los ciudadanos y jóvenes, que no tendrán un empleo con perspectiva”, pronosticó Gaspar Llamazares, diputado de IU.

Este escenario añade más dificultades a las conversaciones que sindicatos y empresarios inauguraron el miércoles. En ellas, a petición del presidente del Gobierno, ambas partes intentan prolongar hasta 2014 el acuerdo de convenios que recomienda moderación salarial. Basta ver el título del comunicado que ayer emitió CC OO: “Las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros suponen un nuevo ataque al diálogo social”. Para defenderse de la acusación, Gómez recordó que varias de las medidas se negociaron en julio con sindicatos y empresarios. Añadió que ambas partes fueron consultadas sobre el contenido del texto a lo largo de la semana, para terminar retomando su manual sobre el diálogo social y recordó que cuando no hay acuerdo, “el Gobierno tiene que gobernar. Eso es lo que hemos hecho”.

El País

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