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Readmisión del empleado tras anularse el despido


Cuando el cese se declara improcedente, aunque la empresa opte por readmitir al trabajador, al recurrir la sentencia en suplicación debe consignar los salarios de tramitación y la retribución legal.

La empresa optó por la readmisión, consignó para recurrir los salarios de tramitación, pero no el importe de la indemnización, por lo que la sentencia recurrida desestimó el recurso de suplicación, al apreciar una causa de inadmisión, por ser insuficiente la consignación realizada. La empresa, no conforme con esta decisión, se dirige al Tribunal Supremo, que indica como a los efectos del artículo 193.3 de la Ley de Procedimiento Laboral, la falta de uno de los ingredientes de la sentencia de condena por despido improcedente determina la insuficiencia de la consignación y no su inexistencia.

La condena que se impone en una sentencia al pago de diversos conceptos es siempre única, de “condena” y no de “condenas”; la consignación de la cantidad de condena es también única, sin “individualización” de sus componentes, cuando, como ocurre en la condena al empresario por despido improcedente, sean más de uno; tal como es interpretado por el Tribunal Constitucional en la doctrina del “formalismo enervante”, el derecho a la tutela judicial efectiva, sin perjuicio de su consideración como derecho de configuración legal, y aun reconociendo que el principio “pro accione” o a favor de la acción, actúa con menor intensidad en los supuestos de acceso al recurso que en los casos de acceso a la jurisdicción, descarta también una aplicación rigurosa y desproporcionada de los defectos en el cumplimiento de los requisitos procesales impeditiva del acceso al recurso, cuando tales defectos puedan ser subsanados sin detrimento de otros derechos o bienes constitucionales; y la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo ha distinguido en la interpretación del artículo 193.3 entre el “total incumplimiento del deber de consignar”, por voluntad del recurrente de ignorarlo o incumplirlo “o por la falta de la más elemental diligencia”, y la insuficiencia de la consignación por error, limitando la consideración de requisito procesal insubsanable a la falta total de consignación.

Procede estimar el recurso de la empresa y anular por consiguiente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal debe resolver lo procedente sobre su subsanación, y en su caso, una vez verificada ésta, entrar a decidir, en derecho, sobre las restantes cuestiones planteadas en el recurso.

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