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Madrid apuesta por la libertad de horarios


Madrid dio ayer un paso adelante en materia de política comercial al anunciar que estudia implantar la plena liberalización de horarios para todo el pequeño y mediano comercio. De salir adelante la propuesta, el derecho de que hasta ahora disponían los establecimientos de la Comunidad de Madrid de hasta 300 metros cuadrados de superficie se ampliaría a aquellos de hasta 750. Ello supone permitir que el 90% de los comerciantes madrileños pueda abrir sus tiendas, si así lo decide, los 365 días del año y las 24 horas del día. El informe que ha elaborado la Consejería de Economía aboga también por autorizar que las grandes superficies de venta de muebles, bricolaje, material deportivo, vehículos, juguetes y construcción puedan abrir domingos y festivos.

La propuesta planteada por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre no va a ser seguida, al menos de momento, por otras comunidades autónomas. Es el caso de Cataluña, Castilla y León o la Comunidad Valenciana, cuyos Gobiernos regionales mantienen su férrea apuesta por unas políticas de horarios comerciales que parecen inmunes al vertiginoso cambio de circunstancias y necesidades de los ciudadanos. Más sorprendente resulta, en una coyuntura económica como la actual, la respuesta de la mayor parte de la patronal afectada por la medida. Desde la Confederación Española del Pequeño Comercio (CEC) se rechazaba ayer la propuesta y se alertaba de las consecuencias que, según el colectivo, puede acarrear sobre los comerciantes. Tampoco la Confederación de Comercio de Madrid (Cocem) apoya la iniciativa y denuncia que no se haya contado previamente con el consenso de las partes afectadas.

El sector de la gran distribución, no afectado en este caso, pero sí beneficiado por cualquier paso adelante en esta materia, recordaba ayer oportunamente el potencial inversor y la capacidad de crear empleo que traerá consigo una mayor liberalización de horarios, al tiempo que hacía alusión a las recomendaciones en este sentido de organismos como el FMI o la OCDE. Este último ha mantenido en más de una ocasión que esa medida sería especialmente beneficiosa para la productividad de un país como España, dado que la densidad de nuestro pequeño comercio se halla entre las más elevadas de Europa. A ello hay que sumar su previsible efecto balsámico sobre los precios y la flexibilidad que traerá consigo de cara a las necesidades de los consumidores.

Liberalizar la apertura de los establecimientos comerciales supone, en último término, una oportunidad para mejorar la competitividad del pequeño comercio y para que sus propietarios descubran el potencial de una política comercial que hasta el momento solo parecen haber entendido plenamente escasos colectivos, como la comunidad china. Más allá de todo ello, tal vez resulte oportuno recordar que conceder una libertad no supone la obligación de ejercerla.

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