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Rajoy se inspira en Inglaterra para despedir empleados públicos


El nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene previsto grandes ajustes del gasto público para recuperar la salud de las finanzas públicas. En el corto plazo su Gobierno hará recortes similares a los impulsados por su predecesor para cuadrar las cuentas y obtener el visto bueno de la Unión Europea.

Sin embargo, como señaló en el debate de investidura, en el largo plazo apuesta por eliminar “duplicidades” y un “redimensionamiento de la Administración y del personal”. Según fuentes de la dirección del PP consultadas, esta expresión deja entrever que habrá que reducir los efectivos en plantilla que cobran su sueldo del erario público.

Esto no quiere decir que se vaya a despedir a funcionarios con oposición, lógicamente algo ilegal con la actual legislación. Sin embargo, el PP planea el cierre de organismos autónomos, agencias y otras empresas públicas ineficaces. Esta iniciativa obligará a la Administración central, a las comunidades y a los ayuntamientos a despedir al personal laboral, eventual y de confianza que presta servicio en estas administraciones, algo que ya están haciendo algunos consistorios desde hace meses por la imposibilidad de pagar las nóminas.

Según el último boletín estadístico de personal que elabora cada seis meses el Ministerio de Política Territorial, de los 2,6 millones de efectivos a cargo de las Administraciones Públicas, cerca de 700.000 se considera personal laboral y casi 370.000 están incluidos en la categoría de “otro personal”, un epígrafe que incorpora al personal de confianza de los dirigentes políticos. Es decir, aunque los funcionarios de carrera (1,6 millones) no pueden ir a la calle, hay más de un millón de personas contratadas por la Administración que sí podrían ser despedidas como el común de los trabajadores españoles. Hay 140.000 trabajadores sin oposición en la Administración Pública Estatal; 450.000 en las comunidades autónomas; 416.000 en la Administración local, y 40.159 en las universidades.

Lo que las próximas cuentas no pueden admitir es que los gastos de personal sigan creciendo en el Estado a un ritmo del 2,5% a pesar del recorte y de la congelación salarial que sufrieron los funcionarios el año pasado. Además, si el nuevo presidente ha renegado de las prejubilaciones en su discurso de investidura (una opción que se utilizó en RTVE) y mantiene su idea de recortar empresas públicas, no queda otra que despedir empleados de las administraciones sin oposición.

Rajoy ya ha declarado que Cameron es uno de sus modelos europeos a seguir, aunque la tormenta de la deuda le haya acercado más a Merkel. No obstante, ambos modelos se vieron abocados a plantear el debate de los despidos en sus países. El primer ministro británico ha planteado un ajuste de más de 700.000 personas del sector público y Alemania de 10.000. Grecia, para evitar la quiebra, ha despedido a 16.000 funcionarios, mientras que Francia o Irlanda preparan recortes en 2012 de 30.000 y 23.500, respectivamente.

El contrato de funcionarios se dispara un 10,4% durante la crisis

Mientras que la grave crisis que sufre España ha llevado al paro a 5.4 millones de trabajadores, el empleo público sigue sin freno. Los trabajadores del sector público han crecido un 10,4% entre el último trimestre de 2007 y el segundo trimestre de 2011, mientras que los asalariados en el sector privado han caído un 13,5% en el mismo periodo, según un informe que difundió ayer la Fundación Encuentro.

En concreto, el estudio remarca que el aumento de empleados públicos se ha concentrado en las mujeres, en las ocupaciones de cualificación media y media-alta y en las administraciones autonómica y local, a la vez que insiste en que uno de los colectivos más afectados por la crisis ha sido el de los trabajadores autónomos, que suponen el 15% de la población ocupada.

Con estos datos encima de la mesa, el próximo Gobierno no puede permanecer impasible, sobre todo teniendo en cuenta que las cifras de déficit no cuadran con las exigencias de la Comisión Europea. Ni la Administración central cumple: el personal del Estado se situó en el tercer trimestre del año en 546.000 personas, 11.000 más que en el mismo periodo de 2010.

(Noticia extraída de Expansión)

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