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Cinco medidas que estudia el Gobierno contra el fraude fiscal


El Ejecutivo estudiará en el Consejo de Ministros una batería de medidas legislativas que propone Hacienda para evitar que el impacto recaudatorio del incremento del IRPF se desdibuje mediante la evasión fiscal.

La lucha contra el fraude fiscal se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno por necesidad económica y política. El Ejecutivo estudiará en el Consejo de Ministros una batería de medidas legislativas que propone Hacienda para evitar que el impacto recaudatorio de la subida del IRPF se diluya mediante la evasión fiscal. Estas modificaciones de distintas leyes tributarias transmiten a los ciudadanos que no sólo las clases medias cargan con el peso del incremento del Impuesto sobre la Renta y que el Gobierno combate el fraude de quienes tienen medios para planificar su tributación con estrategias dudosas.

A la espera de que la Agencia Tributaria lance el nuevo plan de control del fraude en febrero, con el fin de cegar vías de elusión a los más pudientes por la subida del IRPF, el Ejecutivo estudiará hoy realizar unas modificaciones en distintas leyes tributarias que se pueden desarrollar vía Real Decreto-ley. Las cinco medidas son:

1)Reforma de la Ley del IRPF

Una de las salidas que encuentran los grandes patrimonios para no tributar por IRPF es la constitución de sociedades, que se ahorran el 2% del valor catastral de las segundas viviendas que tributa por la Renta. De esta forma, se tratará de que las sociedades patrimoniales cuyo fin no sea gestionar un patrimonio inmobiliario deban tributar por IRPF.

2)Reforma de la Ley del Impuesto sobre Sociedades

El control a las sociedades patrimoniales que pretenden eludir IRPF necesita de modificaciones de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, se intenta poner coto a la evasión mediante sociedades que se sitúan en el extranjero. Aunque el PP se mostró muy crítico con la regulación de las operaciones vinculadas que modificó el Gobierno en 2010, la lucha contra el fraude societario implica que la inspección incremente el control sobre las operaciones intragrupo entre familiares.

3)Reforma de la Ley de instituciones de inversión colectiva

En lo que respecta a las sicav, lo que se estudia es que los accionistas tengan que rescatar sus participaciones y no puedan valerse del gerente de la empresa, que es empleado suyo, para que gestione. El problema viene cuando una sola persona o grupo concentra el 99,9% del capital social, y el resto lo poseen los accionistas necesarios para cumplir el requisito legal. Nunca generan plusvalía y se quedan así con el ahorro, que no devenga rentas del capital.

De esta forma, sin tocar su tributación al 1%, se estudia establecer un porcentaje máximo de participación en una sicav de entre el 2% y el 5% del capital social máximo de la sociedad, fijado en sus estatutos. Asimismo, podría fijarse un límite temporal máximo a partir del cual hacer tributar las plusvalías financieras devengadas cuando no se reembolse la participación.

4)Coto a la permanencia de ‘repos’ y rentas del capital

El Real Decreto que instituyó las rentas del capital en 1996 estableció un criterio de permanencia de dos años entre la compra y la venta de los productos para que tributen por el tipo del ahorro en vez del general, más elevado. Este periodo se rebajó a un año y, a partir de 1 de enero de 2007, se eliminó el requisito por completo, aunque se elevó el tipo del 16% al 18%. El Ejecutivo estudia recuperar la permanencia. Por otra parte, en lo que respecta a los grandes patrimonios que compran deuda del Estado, los llamados repos, podrían efectuarse retenciones en el origen hasta que se vendan.

5)Reorganización de los medios

Francisco de la Torre, portavoz de Organización de Inspectores de Hacienda (IHE), llama a elaborar un plan de lucha contra el fraude con prudencia y entiende que la precariedad presupuestaria llevará a “reorganizar los medios existentes”. Sobre el plan vigente de lucha contra los 7.000 locales clandestinos que el Fisco pretende inspeccionar hasta febrero, José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), alerta de que la Agencia Tributaria dedica el 80% de sus efectivos a cercar el fraude más pequeño.

Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha y expresidente del Instituto de Estudio Fiscales, se congratula de que se luche para rebajar el fraude fiscal, que ronda el 23%, y pide más colaboración entre Hacienda y Trabajo. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha aflorado 31.000 millones de euros. La cuota no ingresada en el periodo de prescripción de 4 años es de 81.240 millones, y la cuota por fraude, de 327.000 millones.

(Noticia extraída de Expansión)

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