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Las CCAA deben empezar ya a recortar su déficit


Los recortes aprobados por el Gobierno central tendrán su réplica en la Administración autonómica. Los datos ofrecidos por el Gobierno sugieren que el déficit autonómico se acercará al 3% del PIB, un nivel muy superior al previsto y que deberá reducirse hasta el 1,3% para cumplir con el objetivo de estabilidad. Ello supone que los Gobiernos regionales tienen 12 meses para recortar sus números rojos en torno a 16.500 millones.

Los Gobiernos autonómicos no han cesado de apelar a la austeridad desde el inicio de la crisis. Sin embargo, ello no ha evitado que, año tras año, sus números rojos se incrementaran y que incumplieran los objetivos de estabilidad. El año que acaba de terminar no será una excepción. El Ejecutivo de Mariano Rajoy señaló que el déficit ascenderá al 8% frente al 6% previsto. Y señaló a las comunidades autónomas como las principales culpables del incumplimiento.

Un déficit del 8% equivale a 86.500 millones, cifra que supera en 21.500 millones el objetivo de estabilidad. Parte de ese desfase se debe a la Seguridad Social, que en lugar de cerrar el año con un superávit de 4.300 millones -cifra comprometida por el anterior Gobierno-, lo hará con un ligero déficit. El resto de la desviación negativa, según fuentes del Ejecutivo, corresponderá casi en su totalidad a las comunidades autónomas. Así, el déficit se situará en torno a los 30.000 millones, el doble de lo inicialmente previsto.

Las comunidades, para cumplir el objetivo de estabilidad de 2012, deberán recortar en 16.000 millones sus números rojos. Y para ello, ya no basta con reducir coches oficiales. De hecho, algunas comunidades como Cataluña o Castilla-La Mancha ya han aplicado los recortes más drásticos. Y otras seguirán el mismo camino. Para entender la gravedad de la situación, basta recordar los palabras de Mas del pasado martes: “Sin los duros ajustes, Cataluña estaría intervenida por el Estado”. Si bien es cierto que las palabras del presidente de la Generalitat buscan legitimar su política, resulta evidente la situación de asfixia financiera que atraviesa el Gobierno de una de las comunidades con mayor actividad económica.

Amparo del Estado

Las cajas de las comunidades autónomas, que antaño rebosaban gracias al sector inmobiliario, hoy están vaciadas. Cataluña tuvo que recurrir a un crédito para pagar las nóminas de diciembre y se vio obligada a aplazar la paga extra. La Comunidad Valenciana, por su parte, precisó de la ayuda del Estado para amortizar un crédito de 120 millones contraído con el Deutsche Bank.

De hecho, una de las últimas medidas de la exvicepresidenta económica Elena Salgado fue adelantar unos días los pagos a cuenta que la Administración central transfiere mes a mes a las comunidades autónomas. La medida supuso avanzar 4.500 millones y la decisión que se adoptó tras comprobar los problemas de tesorería por los que atravesaba Cataluña y otras comunidades. De hecho, en la parte final del año se acumulan buena parte de las obligaciones de pago de la Administración, lo que ha provocado serios quebraderos de cabeza a los gestores públicos.

En cualquier caso, el amparo del Estado tiene un límite en la medida que también la Administración central debe recortar este año sus números rojos en más de 17.000 millones de euros. De momento, el Ejecutivo de Rajoy aprobó el pasado viernes un acuerdo de no disponibilidad de 6.400 millones en los gastos no financieros, que son los que computan a efectos de calcular el déficit público. Además, aprobó un incremento de impuestos que, si se cumplen las previsiones, debería reportar a las arcas públicas unos 6.200 millones. Parte de esos ingresos se transferirá a las comunidades autónomas, ya que tienen cedido el 50% de la recaudación del IRPF.

Pero las subidas de impuestos o la creación de tasas -un recurso cada vez más utilizado por los Gobiernos regionales- no puede evitar un fuerte recorte presupuestario, que para este año se situará en torno al 10%. En la medida que los grandes pilares del Estado de bienestar -sanidad, educación y servicios sociales- son de competencia autonómica, el ajuste supondrá un recorte de derechos sociales.

Los gastos de personal suponen la mayor partida de todos los presupuestos autonómicos y, por ello, es una de las que sufrirá un mayor ajuste. Comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha o Navarra ya han aprobado un incremento de las horas lectivas de los profesores, lo que permite reducir la contratación de personal. En este sentido, las federaciones de Enseñanza de CC OO y UGT prevén que la “inmensa mayoría” de las comunidades no convocarán oposiciones para el cuerpo de profesores de educación secundaria en 2012, después de que el Gobierno aprobara por decreto el pasado viernes bajar la tasa de reposición para este colectivo del 30 al 10%. Rajoy también elevó a 37,5 horas las horas laboral del personal de la Administración y mantuvo la congelación del sueldo de los funcionarios.

Solo los intereses aumentan

La única partida presupuestaria que subirá en 2012 será la destinada a pagar los intereses de la deuda. En la medida que los gastos superan los ingresos, los Ejecutivos autonómicos deben recurrir al endeudamiento para cumplir con sus obligaciones de pago. Pero, como le ha sucedido al Ejecutivo valenciano, los acreedores cada vez están menos dispuestos a dejar dinero a las comunidades. Y, si lo hacen, piden unos tipos de intereses muy elevados que, a su vez, aumentan los gastos financieros.

Si ello no fuera suficiente, las comunidades autónomas deben a al Estado central 23.135 millones de euros por las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. Los Ejecutivos autonómicos recibieron en ambos ejercicios unos anticipos a cuenta que superaron con creces la recaudación real. El anterior Gobierno estableció que las comunidades pudieran devolver ese importe en cinco años (60 mensualidades). Sin embargo, los Gobiernos autonómicos reclaman ampliar el plazo a diez años. Rajoy prometió que cedería a las exigencias autonómicas en función de la situación de las finanzas de la Administración central. De momento, no ha dado una respuesta. Todo apunta que el Ejecutivo no variará los plazos, aunque las comunidades no pierden la esperanza. Elevar a 10 años la devolución de la deuda de las regiones con el Estado equivaldría aun a inyección de liquidez de 2.400 millones.

Fabra empieza con ajustes laborales

El Gobierno valenciano de Alberto Fabra prevé ahorrar 271 millones de euros al año con diferentes medidas que afectan a funcionarios y a otros empleados públicos. Se plantea una reducción de jornadas y salarios a interinos y la paralización y disminución del 50% de la jornada profesional. También se suspenden las aportaciones a los planes de pensiones, se reducen los llamados días moscosos (jornadas de libranza por “asuntos propios”. Así lo anunció ayer el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, tras presidir la Mesa General de Negociación. Los sindicatos abandonaron la reunión al considerar que el Consejo valenciano pretende pagar su “mala” gestión “con el bolsillo de los trabajadores”.

Vela explicó que estas medidas tendrán una vigencia de dos años. Si bien aseguró que entiende el descontento, hizo hincapié en la necesidad de “tomar este tipo de decisiones”.

En concreto, se reducirá la jornada laboral de interinos y laboral temporal hasta las 25 horas semanales y, por tanto, disminuirán en la misma proporción las retribuciones. Esta medida supone un ahorro de 16 millones de euros al año. En sanidad esta reducción afectará al 5% de la plantilla y supondrá una disminución del gasto de 13,6 millones, mientras que en Justicia el ahorro será de unos 500.000 euros.

Todas estas medidas forman parte de un plan más ambicioso del Ejecutivo valenciano con el que pretende ahorrar 1.000 millones.

(Noticia extraída de Cinco Días)

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