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Así será la nueva Ley del emprendedor


El estímulo necesario para impulsar la actividad emprendedora vendrá a través de una nueva norma que está preparando el Gobierno. Menos burocracia, incentivos fiscales, facilidades para obtener crédito y apoyo a la internacionalización son las principales medidas.

Su empresa puede estar lista con sólo tener conexión a Internet y una tarjeta de crédito. Esta reducción en los trámites para la creación de empresas es una de las medidas que el Gobierno contempla en la futura Ley de Emprendedores. La norma fue una de las promesas electorales del Partido Popular y está cerca de concretarse en el primer trimestre del año. Además de una mayor celeridad para la puesta en marcha de un negocio; la normativa incluiría mecanismos para mejorar la financiación y acceso al crédito, incentivos fiscales y apoyo a la internacionalización, entre otros planes.

Estas iniciativas han sido muy demandadas por emprendedores, autónomos y organismos que los representan para aumentar el espíritu creador y fomentar la implantación de nuevas empresas. Aspectos necesarios para reactivar la economía e impulsar el mercado de trabajo: si no crean y se mantienen negocios, difícilmente se generarán puestos de trabajo. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) calcula que si los tres millones de autónomos que hay en España contrataran a un solo trabajador, el paro podría reducirse a una tasa del 7%.

En concreto, el proyecto definirá el concepto de emprendedor: “Aquella persona que está iniciando una actividad económica, a la que se suman las empresas constituidas o los trabajadores autónomos que lleven operando menos de dos años”. Es decir, las medidas que se están estudiando no sólo van dirigidas a los nuevos empresarios, sino también a las empresas ya creadas, que son las que poseen un mayor índice de mortandad. Alrededor del 70% de los nuevos negocios fracasa antes de llegar a los cinco años de vida, según los expertos.

Fuera burocracia
En nuestro país hay que realizar al menos diez trámites para montar un negocio, frente a los cinco que son necesarios en los estados que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En cuanto al tiempo, la creación de una empresa dura, por regla general, 47 días, mientras que la media en los países de dicho organismo es de 13 días.

El Gobierno tiene la intención de poner en marcha los Puntos de Activación Empresarial para Emprendedores (PAE) para, por un lado, ofrecer información y asesoramiento; y por otro, acelerar la creación de la empresa. En definitiva, acortar los plazos para que el negocio esté en marcha cuanto antes.

Los PAE, que sustituirán a los denominados Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT), se encargarán de facilitar la creación de empresas mediante servicios de información, tramitación de la documentación, asesoramiento y formación, y apoyo a la financiación.

Los pequeños empresarios tendrán una ayuda fiscal de 3.000 euros por crear empleo

Estos puntos también permitirán poner en marcha un negocio por Internet con sólo una tarjeta de crédito. A partir de ese momento, el emprendedor dispone de seis meses para aportar toda la documentación requerida, pero ya cuando el proyecto esté en pleno funcionamiento. La reducción de los trámites burocráticos también afecta a la creación de una empresa en varias comunidades autónomas. Actualmente el empresario que desea ampliar su negocio en otro territorio topa con una maraña regulatoria.

Por este motivo, el Ejecutivo pretende establecer por ley que una empresa que reúna las condiciones para abrir un negocio en una comunidad autónoma cumpliría con la normativa en cualquier otra región. Es decir, unidad de mercado: la legislación de una comunidad autónoma servirá en las otras. Para armonizar esta cuestión se creará un Consejo Interterritorial para la Unidad de Mercado.

Rebaja de impuestos
El Ministerio de Hacienda también baraja la aplicación de distintos incentivos fiscales a la actividad emprendedora. Por ejemplo, mantener tipos reducidos del Impuesto de Sociedades para las empresas pequeñas. Así, se eliminarían requisitos como el de generación de empleo para que las pymes puedan aplicar el tipo reducido del 20%. También se busca fomentar la I+D+i incrementando las deducciones de dicho impuesto para las actividades de innovación.

El Gobierno intentará además eliminar las diferencias entre los emprendedores que tributen en el IRPF y los que lo hagan en Sociedades, y prepara una reducción de módulos en el IRPF e IVA para pequeñas y medianas empresas, y autónomos.

La lucha contra la morosidad, de la que han sido víctimas numerosos emprendedores, también parece que tendrá cabida en la nueva legislación. Se permitirá que pymes y autónomos retrasen el pago del IVA hasta que no cobren las facturas que se les debe. Esta medida comenzaría por las Administraciones Públicas.

Por otro lado, la contratación tendrá premio. Hasta 3.000 euros se podrán deducir los pequeños empresarios que creen empleo al contratar el primer trabajador que no tenga condición de socio. Asimismo, Hacienda aspira a mejorar el tratamiento fiscal de los beneficios empresariales, para que estos puedan ser reinvertidos en la propia empresa.

No obstante, estas medidas de índole fiscal están en fase de estudio. España debe cumplir un objetivo de déficit impuesto desde la Unión Europea, que estas rebajas de los impuestos podría elevar.

Conseguir capital
La actual crisis económica ha cerrado el acceso al crédito para la puesta en marcha de nuevos proyectos. El Gobierno contempla en la futura ley de emprendedores una serie de medidas para facilitar la financiación y propiciar que los futuros empresarios dispongan de capital para la creación de sus negocios.

1. Fomento de las redes de ‘business angels’: Este tipo de inversores privados, muy extendidos en los países desarrollados pero no tan habituales en España, contará con incentivos fiscales que afectarán al IRPF, Impuesto de Sociedades, sobre patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Además, la ley regulará su actividad, las agrupaciones de inversores privados y las cantidades que podrán desembolsar en una única empresa.

2. La norma también abordará otras formas de financiación más comunes en España: Se establece la creación de un fondo de capital semilla con financiación mixta, es decir, pública y privada. Esta línea de crédito irá destinada a ayudar a los emprendedores con proyectos innovadores, tanto para darles apoyo como para la gestión empresarial.

3. Mejora de los microcréditos: El Gobierno establecerá cada año una cantidad destinada a microcréditos gestionada a través de Enisa (Empresa Nacional de Innovación). Estos importes irán dirigidos a emprendedores y pequeñas empresas de menos de tres años y que no vayan destinados a refinanciar el negocio. Los microcréditos se potenciarán para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. La ley, además, establecerá las bases para que las compañías en crecimiento puedan acudir a fuentes de financiación adecuadas, como el capital riesgo.

4. Capitalizar la prestación por desempleo: Esta posibilidad se establece siempre que el beneficiario desee constituirse como trabajador autónomo o quiera participar como socio en una empresa de nueva creación.

Respuestas al reto internacional
Los inversores valoran aquellos negocios que tienen capacidad para internacionalizarse. Por eso la experiencia de un emprendedor que sepa moverse en un escenario global resulta determinante, más cuando el capital riesgo pide resultados aún mayores y no sólo sirve el entorno doméstico.
El fomento de la internacionalización también tiene un lugar en las nuevas reglas de juego para los emprendedores.
Éstas son las deducciones:

– El 30% de los gastos de concurrencia a ferias comerciales, exposiciones y otras manifestaciones análogas celebradas en el extranjero o en España con carácter internacional, tales como los gastos de alquiler, montaje y gestión del local de exposición, para la primera participación en dichos eventos.

– El 30% de los gastos por servicios externos de consultoría para la internacionalización, entre ellos los de estudios necesarios para aumentar la presencia en mercados exteriores.

– El 30% de los gastos de formación de su personal desarrollada por la empresa, directamente o a través de terceros, orienada a la actualización, capacitación o reciclaje de su personal y exigida por el desarrollo de sus actividades en nuevos mercados exteriores.

– Además, se estudia recuperar las deducciones para inversiones en el extranjero que fueron suprimidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.
Será deducible en la base imponible el importe de las inversiones realizadas en el ejercicio para la adquisición de participaciones en los fondos propios de sociedades no residentes en el territorio español que permitan alcanzar la mayoría de los derechos de voto en ellas, si se cumplan algunos requisitos:

– Que la sociedad participada desarrolle actividades empresariales en el extranjero. No cabrá deducción cuando la actividad principal sea inmobiliaria, financiera o de seguros, ni cuando consista en la prestación de servicios a entidades vinculadas residentes en territorio español.

– Que las actividades desarrolladas por la sociedad participada no se hayan ejercido anteriormente bajo otra titularidad.

– Que la sociedad participada no resida en el territorio de la UE ni en alguno de los territorios o países calificados reglamentariamente como paraíso fiscal.

– El importe máximo anual de la deducción será de 30.050.605,22 euros, sin exceder el 25% de la base imponible del periodo impositivo previa al cómputo de aquella.

Expansión

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  1. Aún no hay comentarios.
  1. 27/12/2016 en 3:42 AM

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