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El Gobierno eliminará la prórroga autómatica de los convenios colectivos


La reforma laboral dará un plazo de entre seis y nueve meses para negociar un nuevo acuerdo colectivo

El texto que aprobará mañana el Consejo de Ministros potenciará el convenio colectivo de empresa, aumentará la flexibilidad interna para evitar que el despido sea el primer recurso de una empresa en crisis, permitirá los «descuelgues» y eliminará la prórroga automática de los convenios, la denominada «ultraactividad», que permite que hasta que no haya un acuerdo entre las partes, entre empresa y trabajadores, el convenio «caducado» permanezca vigente de forma prácticamente indefinida.

La fórmula que diseña el Ministerio de Empleo no significa que el convenio colectivo decaiga inmediatamente después de que expire su vencimiento, pero sí que sus plazos de vigencia serán acotados más que en la actualidad para forzar un acuerdo entre las partes cuanto antes.

La legislación actual, que está vigente desde junio del año pasado, introduce un plazo de 8 a 14 meses para que las partes lleguen a acuerdo sobre la prórroga del convenio. Y la reforma que está perfilando el Ministerio de Empleo recortaría esos plazos a entre 6 y 9 meses. Lo que deberá dejar bien atado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, es qué ocurre una vez transcurrido ese plazo.

La fórmula que parece más viable es que la reforma inste a empresa y trabajadores a incluir en los convenios fórmulas que den salida a estas situaciones, cláusulas de arbitraje de obligado cumplimiento. Ahora, apenas un tercio de los convenios colectivos contempla procedimientos de arbitraje y un 20% de mediación.

Estas puntualizaciones son cruciales, teniendo en cuenta que la reforma de la negociación colectiva que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero el verano pasado no acabó con lo que supone un quebradero de cabeza para muchas empresas en España. Acabar con la «ultraactividad» fue una de las líneas rojas que marcó el anterior ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quien se limitó a fijar en la norma nuevos plazos que no han solucionado ni mucho menos el conflicto que se produce cuando hay un desacuerdo en el seno de una empresa en materia laboral.

La legislación actual establece que si transcurrido el plazo de 8 meses (convenios de hasta dos años) o 14 meses (convenios de más de dos años de duración) y no hay acuerdo, hay un mero «compromiso» de ambas partes «de sometimiento a mecanismos de mediación y arbitraje para solucionar las discrepancias surgidas». En la práctica, ese compromiso no se cumple y se mantiene la prórroga automática de los convenios.

«En defecto de pacto, cuando hubiera transcurrido el plazo máximo de negociación sin alcanzarse un acuerdo y las partes del convenio no se hubieran sometido a los procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior (de mediación o arbitraje) o estos no hubieran solucionado la discrepancia, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo», puntualiza la reforma de Zapatero.

La supresión de la «ultraactividad» ha sido reclamada con insistencia por las empresas y economistas y es el «caballo de batalla» tanto de las organizaciones empresariales como de los sindicatos, aunque por motivos bien distintos.

Desde las patronales se defiende que una vez finalice el periodo de aplicación de los convenios decaiga su vigencia y se aplique en su lugar la normativa general o los acuerdos sectoriales por entender que de lo contrario se limita la capacidad de las empresas y su competitividad. Los sindicatos, por el contrario, entienden que suprimir esta prórroga supondría una merma de derechos adquiridos. Harán de esta cuestión, sin duda, una de sus principales banderas contra la reforma laboral que se aprobará mañana.

Vuelta de tuerca al Pacto de Toledo

Una vez aprobada la reforma laboral, el Gobierno quiere dar una vuelta al Pacto de Toledo y cambiar la ley de pensiones antes, incluso, de que entre en vigor. Y la intención de la ministra de Empleo es pactar primero los cambios con los agentes sociales.

Una de las prioridades es dar el impulso definitivo a la separación de fuentes de financiación que reclama el Pacto de Toledo. Éste dice que el Estado y la Seguridad Social debían tener distintas contabilidades pero, a día de hoy, el sistema continúa pagando buena parte de los complementos de mínimos, el dinero que se destina para que 2,4 millones de pensiones alcancen la mínima percepción. Ese dinero debe financiarse con impuestos y no con cotizaciones. También quiere dar un fuerte impulso a la posibilidad, que ya existe, de trabajar y cobrar la pensión y avanzar hacia un cómputo de la pensión de jubilación que tenga en cuenta toda la vida laboral.

(Noticia extraída de ABC)

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