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Los proveedores de las administraciones, que perdonen parte de la deuda, tendrán prioridad en el cobro


Los proveedores valoran positivamente la Ley aprobada por el Gobierno para acelerar el pago de la deuda contraída por las administraciones públicas, aunque critican que la norma de prioridad en el cobro a quienes perdonen parte de lo debido.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) -integrada por cerca de un millón de empresas que emplean a 4,5 millones de personas- considera este punto “injusto” y “preocupante” porque podría desatar “una especie de subasta de descuentos por parte de los proveedores para intentar cobrar antes”. “Esto puede provocar que algunas empresas, a la desesperada, acepten una baja temeraria del importe por su imperiosa necesidad de cobrar”, asegura Antoni Cañete, portavoz de la asociación.

La PMcM también ha explicado que la puesta en marcha de esta medida “creará una dinámica perversa que afectará de diferente manera a los proveedores según su sector de actividad, ya que no es lo mismo la estructura de costes de una empresa de servicios que de una empresa industrial, por lo que, empresas y sectores que tengan mayores márgenes serán las que tengan más privilegios para cobrar sus facturas pendientes”.

Además, la organización teme que “este mecanismo se pueda usar posteriormente como moneda de cambio para que los pagos derivados de la contratación pública se utilicen también de forma perversa con las subcontratas”. En opinión del presidente de la organización, Rafael Barón, se trata de “un mecanismo que elimina la garantía que pudiera haber en la contratación con organismos locales”.

Por otro lado, la PMcM ha enviado un escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que aclare si realmente las administraciones públicas van a hacer frente a los intereses de demora por el pago de esas facturas, tal y como se recoge en la Ley 15/2010 y en la Directiva Europea. Por lo que se interpreta en el BOE, Barón explica que “parece que los proveedores tendrán que pagar los intereses de financiación, lo que supone una quita o reducción del importe total que tendrían que cobrar los proveedores”.

El Mundo

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