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Debe aflorar la actividad en negro


Todos conocemos alguien que realiza sus actividades profesionales sin estar dado de alta tanto en Hacienda, por lo tanto no paga sus correspondientes impuestos como empresario así como tampoco en la seguridad social en el regimen especial de trabajadores autónomos, ahorrándose las cuotas mensuales.

No existe una estimación oficial sobre el volumen del trabajo “en negro” en España, ya que sistemáticamente los organismos oficiales se niegan a hablar de ello, pero según diversos estudios realizados, la economía sumergida puede suponer un 20 o 23 por ciento del producto interior bruto, es por ello, que el Gobierno se plantea es un plan antifraude fiscal.

Es un agravio comparativo, para aquellos emprendedores que cumplen con sus obligaciones fiscales y sociales competir con aquellos que amparándose en la economía sumergida, ofrecen productos y servicios a un coste menor, con lo que se genera un efecto contagio o bien se conduce a la quiebra a las empresas que si operan legalmente, es absolutamente prioritario que tanto hacienda como la seguridad social a través de la inspección de trabajo, pongan coto a la competencia desleal que realizan estas “empresas ilegales”.

La federación de trabajadores autónomos (ATA), ha hecho llegar a hacienda, un documento que incluye algunas propuestas para combatir el fraude fiscal.

Una de estas iniciativas sería la obligatoriedad de identificarse a través del NIF o CIF cuando una persona compre material para trabajos del sector de la construcción o asimilados, floristerías, peluquerías, estéticas, textil, por valor de más de 600 euros.

Esta medida se aplicaría en grandes superficies y almacenes especializados, con ello se obtendría información adicional que hacienda podría utilizar para verificar si los compradores de estos tipos de materiales o productos cumplen con sus obligaciones e incluso verificar si el volumen de sus compras, tiene relación (en el caso de que estén correctamente dados de alta en hacienda y seguridad social) con los ingresos declarados.

Otra iniciativa sería exigir en las certificaciones de obra finalizada una certificación de cada una de las actividades involucradas en la obra (fontaneros, albañiles, electricistas…) y proveedores que hayan intervenido.

Francisco Sánchez

Graduado Social

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