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Diez sectores para crear un negocio


Antes de lanzarse a la aventura empresarial quizá le interese conocer los campos que brindan las mejores oportunidades. Hoy la tecnología, la atención a la tercera edad o el lujo son valores en alza.

Pep Viladomat, Mercé Celma, Juan Pablo Correa, Renata López y Luis Santos no son conocidos, ni siquiera comparten aficiones pero sí que tienen algo en común: son su propio jefe. Ellos tuvieron una idea y se atrevieron a ponerla en marcha en algunos de los sectores que mejor funcionan para montar un negocio.

Porque para lograr tener éxito como empresario hay que acertar en el ámbito adecuado, aprovechar lo conocido y convertirlo en algo sorprendente. Eso fue lo que hicieron Viladomat y sus socios en los recursos humanos: transformar el concepto de selección de talento y construir un puente en un sólo sentido para que candidatos y empresa encajaran. Mercé Celma, una catalana de 51 años, está entusiasmada con su empresa que trata de hacer más llevadera la estancia de los familiares de personas hospitalizadas, facilitándoles todo tipo de servicios, desde el alojamiento a actividades de ocio. Juan Pablo Correa y su equipo han escogido a la tercera edad como clientes, poniendo a su disposición todo tipo de servicios a través de una página web única. El aumento de la longevidad augura una cartera de clientes asegurada.

Quien también ha sacado partido a la actual coyuntura es Renata López que ha diseñado programas de formación a medida para desempleados para su inserción laboral. En apariencia, nada nuevo, aunque sí que lo es la especialización de sus cursos, con los que está logrando un gran impacto. La experiencia de López contrasta con la juventud de Luis Santos, que con 24 años y sin haber terminado su carrera, ha creado algo totalmente distinto: una aplicación para móvil que ya compite con Facebook.

Campos de éxito:
1. Salud. Los servicios a medida que cubran todas las necesidades relacionadas con el bienestar son una oportunidad de negocio en la que sólo hay que innovar.
2. Educación. La formación de niños, de jóvenes o los desempleados son los principales colectivos que demandan programas a la medida de sus necesidades.
3. Nuevas tecnologías. En el mundo online no existe la crisis. Cada vez hay más gente que accede a Internet y exige mejores servicios a través de la plataforma universal.
4. Turismo. Más de 45 millones de turistas visitaron el año pasado España; un colectivo que necesita infraestructuras, servicios y atención personalizada.
5. Tercera edad. En España viven más de ocho millones de personas mayores de 65 años, un público al que no pueden permanecer ajenos los nuevos emprendedores.
6. Sostenibilidad. El cambio climático y la eficiencia energética están abriendo la puerta a negocios que requieren inversiones elevadas para su desarrollo.
7. Social. Gestión de ayudas económicas y mejoras en la forma de vida de los colectivos más desfavorecidos son los campos de actuación de los proyectos sociales.
8. Moda y lujo. Joyas, prendas de vestir, complementos y objetos y actividades de ocio son valores seguros para un público inmune a la crisis.
9. ’Low cost’. El atractivo de los precios bajos ha provocado la transformación de muchos negocios que ya funcionan con una visión orientada al cliente.
10.Recursos humanos. Innovar en la búsqueda y fidelización de personal es una necesidad que ya demandan muchas empresas en busca del mejor talento.

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Las bajas, aún justificadas ya son motivo de despido objetivo


El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido hacer frente de una vez por todas al absentismo laboral, una lacra que tuvo un coste en nuestro país de 64.000 millones de euros en 2010, según fuentes empresariales. Para ello, está actuando en dos frentes: por un lado, ha modificado, a través de la recientemente aprobada reforma laboral, el Estatuto de los Trabajadores para vincular las faltas de asistencia al trabajo al ámbito individual de cada empleado, eliminando la referencia a la media de la plantilla; por otro, modificará la ley de las mutuas de accidentes de trabajo para darles más poder en el control de las bajas, e incluso se está planteando que puedan llegar a dar las altas médicas.

Esta facultad ha sido y es motivo de un grave desencuentro entre los empresarios y los sindicatos. Los primeros entienden que si las mutuas controlaran las bajas de los trabajadores, desde su inicio y hasta el final, se acabaría con el absentismo injustificado, que supone entre el 20 y el 30% del total, lo que equivale aproximadamente al 1,5% del PIB. Hay que subrayar que en 2010 faltaron cada día a su puesto de trabajo un millón de personas por enfermedades comunes y accidentes no laborales. Además, afirman que los procesos gestionados por las mutuas son un 35% más cortos en el tiempo que los que lleva la Seguridad Social. Los sindicatos, sin embargo, entienden que la intención del Gobierno supone una «persecución» hacia los empleados y que «pagarían justos por pecadores».

El PSOE no se atrevió

En los últimos dos años este tema ha sido discutido entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno socialista, el cual, siempre frenó las peticiones de los empresarios en esta materia. Sobre todo, su último ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, afiliado a UGT.

Esas propuestas se referían a que se diera cumplimiento al mandato legal que faculta a las mutuas a gestionar la prestación de contingencia común para poder dar el alta en los mismos términos que las entidades gestoras de la Seguridad Social, facilitar que las mutuas puedan hacer un control y seguimiento efectivo de los procesos de baja por contingencia común desde el primer día de la baja y que las mutuas puedan adelantar las pruebas médicas prescritas a los trabajadores, respecto a los plazos habituales de los servicios públicos de salud, con el fin de su más inmediata curación y reincorporación al puesto de trabajo.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, dijo tras el último Consejo de Ministros que la nueva ley de mutuas podría estar a finales del primer trimestre del año.

De momento, lo que ha causado una gran consternación entre los sindicatos y entre muchos expertos ha sido la modificación recogida por la reforma laboral, según la cual, el absentismo puede ser causa de despido objetivo, es decir, con una indemnización de solo 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.

El texto hace referencia a que puede ser motivo de despido «las faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontínuos en un periodo de doce meses». Entre esas faltas están las bajas por enfermedad o accidente no laboral inferiores a 20 días consecutivos. Los sindicatos ponen un ejemplo: un trabajador con una jornada de lunes a viernes (45 jornadas en dos meses) que acumule dos bajas que sumen 9 días en esos dos meses, puede ser despedido con una indemnización de 20 días al año.

Por su parte, algunos expertos en derecho laboral han manifestado sus dudas sobre la constitucionalidad de ese cambio legislativo pues sería «una discriminación grave» el hecho de que un trabajador enfermo fuera despedido con una indemnización inferior a otro compañero suyo, «por el simple hecho de estar enfermo». Otros expertos apuntan a que se violaría el derecho a la protección de la salud.

(Noticia extraída de ABC)

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Las empresas podrán comercializar datos personales sin consentimiento


Fin a la batalla histórica entre la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las empresas de comercio electrónico y de crédito. Una sentencia del Tribunal Supremo (TS) abre el mercado de datos personales para las empresas de ventas por Internet, para las que gestionan ficheros de morosos de banca y seguros o para las telecos y sus clientes.

La sentencia da luz verde a que las empresas utilicen datos personales sin el consentimiento de los particulares siempre que tengan un interés legítimo en este tratamiento y no prevalezcan los derechos de los particulares.

En una sentencia que se notifica hoy, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el Alto Tribunal adapta al ordenamiento español el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) del pasado 24 de noviembre, al que había planteado cuestión prejudicial, y anula el artículo 10.2 del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que traspone el artículo 7 de la Directiva de protección de datos, relativo a los criterios que legitiman los tratamientos de datos.

En esta sentencia, el TS asume el fallo de Luxemburgo y dice que, como reza el citado artículo, el tratamiento de datos sin consentimiento es lícito �si es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que comuniquen los datos y que no prevalezcan los derechos y libertades fundamentales del interesado�.

La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) y la Federación de Comercio Electrónico y Márketing Directo (Fecemd) recurrieron el Reglamento de la LOPD. El Supremo, en tres sentencias de julio de 2010, anuló los artículos 11, 18, 38.1.a y 2 y 123.2. del Reglamento y elevó cuestión prejudicial al TUE sobre el artículo 10.2.a y b.

El pasado noviembre, el Tribunal de Luxemburgo tumbó el marco normativo de protección de datos español, que se articula sobre el principio del consentimiento. La pelota estaba encima del Supremo, que ahora resuelve. Así, la AEPD no podrá sancionar en estas cuestiones relativas al consentimiento y criterios que legitiman el tratamiento de datos y se abre el camino a que las empresas reclamen por sanciones millonarias pasadas.

Pero el Alto Tribunal no tiene competencia para declarar la nulidad efectiva de una norma con rango de ley, debe hacerlo el Parlamento. Los abogados que han diseñado la estrategia legal lo ven claro y así Antonio Creus, socio del Departamento de Derecho Comunitario y de la Competencia de Bird & Bird Madrid, y Javier Fernández-Samaniego, socio director de Bird & Bird Madrid, recuerdan que el Congreso deberá acometer una urgente reforma de la legislación española aplicable a raíz de las sentencias del Supremo y de Luxemburgo.

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Exigir responsabilidades penales a los malos gestores, puede requerir un nuevo código penal


Economistas y juristas coinciden en que la propuesta lanzada por el Gobierno para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que incumplan los presupuestos podría requerir una reforma del Código Penal.

El anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre un posible cambio legal para castigar a quienes gestionen mal el dinero público ha sido bien acogido, pese a su concisión, por el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentí Pich.

Consultado por Efe, el economista ve la posibilidad de que la propuesta de Montoro -avalada por su “amplio recorrido académico y en la Administración”- se regule a través de una modificación del Código Penal, que ha sido reformado “regularmente” y por última vez hace apenas un año.

Si algo caracteriza al Código Penal es que no puede haber condena “si el delito no está codificado”, puntualiza, y recuerda que este códice ya contempla delitos que pueden emplearse para perseguir a los malos gestores.

“Hay que plantearse con mucha seriedad si toda la información que generan las administraciones públicas es la adecuada, y qué podemos hacer para que sean más transparentes y para que los gestores públicos puedan hacerlo mejor”, explica Pich.

Una vía de impulsar esos criterios de “transparencia” y “claridad” sería la de incorporarlos “muy tipificados” y “con mucha seriedad” en el Código Penal; otra pasaría por reforzar los controles a la Administración: interventores públicos, sindicaturas de cuentas y auditorías externas e independientes.

“Hay muchísimo que hacer en el sector público. Es imposible conocer de verdad las cuentas de un ayuntamiento”, lamenta Pich, quien advierte de que la liquidación de los presupuestos estatales y autonómicos nunca es objeto del debate público, solo su confección.

No en vano, el economista asegura que la información financiera de los ayuntamientos, comunidades e incluso del Estado es “imposible de entender”, algo que ha podido propiciar un “uso abusivo de las entidades que salen del control público”.

Según Pich, la propuesta de Montoro “tiene que ser un paquete de cosas para mejorar la transparencia de las administraciones, para que sean más claras, para que sean más útiles y para primar al administrador público responsable”.

“La sociedad española lo va a ir exigiendo”, advierte.

En esa línea, el presidente de la sección penal del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Javier Gimeno, es partidario de introducir una figura penal que sancione a quienes, desde la administración pública, “se extralimiten en la contratación o utilización de más fondos de los que se dispone”.

Esta conducta, que el Código Penal no sanciona en la actualidad, sería delictiva si se fijara por ley un “límite máximo de endeudamiento”, como propone Gimeno, que “obligaría a los políticos a estar más atentos a las normas presupuestarias”.

“Muchos” políticos, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España, habrían incurrido en este delito, explica a Efe el abogado, quien subraya que en otros países europeos el dinero público se maneja con mayor respeto.

Gimeno recuerda que el Código Penal ya contempla otras figuras -malversación, apropiación indebida- para castigar el manejo perverso de los fondos públicos, por más que no estemos “acostumbrados a que esto se haga ni a que la Fiscalía ataque”.

En todo caso, el letrado penalista cree que la mejor opción es tipificar un nuevo delito, siempre que se especifique con claridad a quiénes debería castigarse (si al secretario municipal, al alcalde o a todos los concejales, en el caso de un ayuntamiento) y se regule una sanción económica.

“Ya va siendo hora de que en España las sanciones se apliquen correctamente”, algo que no ocurrirá, augura el letrado, “hasta que la devolución del dinero afecte al patrimonio personal” de los gestores públicos.

(Noticia extraída de Expansión)

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La seguridad social ya ingresa menos de lo que paga


La Seguridad Social confirma que entró en déficit en 2011

El Gobierno prepara el terreno para la reforma laboral que ya está pergeñando. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se refirió ayer a los datos del paro como un elemento que “pone en cuestión la sostenibilidad del Estado de bienestar”. Las negativas cifras de desempleo y afiliación registradas en 2011 reflejan que esta es “la principal lacra social y el principal elemento de vulnerabilidad del país”, en palabras del responsable de Economía.

Las prestaciones crecieron de nuevo en noviembre respecto a octubre

Esa reflexión, realizada durante la toma de posesión de los altos cargos del ministerio, le sirvió para subrayar la importancia de volver a la creación de empleo. “El objetivo de la política económica tiene que ser recuperar la potencialidad de crecimiento del país”, añadió Guindos. En la consecución de esa meta, el ministro citó los plazos de las reformas económicas, entre ellas la del mercado laboral, que consideró prioritaria. El Gobierno pretende tener aprobado este proyecto en el primer trimestre del año, probablemente mucho antes de llegar a marzo.

Más allá de los datos del paro, las palabras de Luis de Guindos vinieron apuntaladas por la constatación de que la Seguridad Social entró en números rojos el año pasado por primera vez desde que dejó de financiar la sanidad, en 1999. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, aseguró ayer que en ningún caso habrá superávit atribuible a 2011.

En la conferencia de prensa para presentar las cifras de paro y Seguridad Social, Burgos se refirió a que la última previsión real que estableció el Gobierno anterior respecto a los ingresos y gastos del sistema apuntaba a un 0,4% de superávit a final del año, pero que a día de hoy, y a la espera de que se confirmen los datos, no será así. Según Burgos, la relación entre afiliados y pensionistas es de 2,46, es decir, que “cada pensionista se mantendría por 2,46 cotizantes”, ocupados o desempleados, la tasa más baja desde diciembre de 2003, explicó.

Poco antes de abandonar el poder, la anterior administración socialista ya reconoció la posibilidad de que el sistema de pensiones entrase en déficit a finales de 2011, aunque aseguraban que aún no podían confirmarlo porque faltaban las cifras de cierre. Pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya avanzó la semana pasada, tras el Consejo de Ministros que aprobó las drásticas medidas de ajuste de ingresos y gastos, que el sistema público no cerraría el ejercicio en superávit, como estaba previsto. Las cifras definitivas de cierre se conocerán a mediados de febrero.

Pensiones y desempleo constituyen las dos partidas que más pesan en los Presupuestos Generales del Estado. Aunque la previsión inicial del Gobierno anterior apuntaba a una mejora laboral a final de año y, por tanto, una menor factura en las prestaciones, la recta final del ejercicio se ha comportado de forma opuesta. Los datos de noviembre (las prestaciones por desempleo se ofrecen con un mes de retraso) vuelven a reflejar una aceleración del gasto respecto al mes anterior, con una subida del 4,3%, hasta 2.461 millones de euros mensuales, según los datos divulgados ayer por el Ministerio de Trabajo. No obstante, la existencia cada vez mayor de personas que han agotado su prestación rebaja esta partida respecto a 2010, de forma que en noviembre se registra un descenso del 2% interanual.

El dato de noviembre refleja también una mínima mejora de la cobertura del desempleo respecto al mínimo registrado en octubre, aunque es inferior a la de hace 12 meses. El 69% de los parados que han trabajado anteriormente reciben algún tipo de prestación, frente al 67,7% registrado en el mes anterior, que constituía la cifra más baja desde abril de 2007.

(Noticia extraída de El País)

Acabe con el fraude en su empresa sin perder la cabeza


Hay empleados que defraudan y otros que son auténticos artistas del engaño. Las políticas de gestión de personas pueden servir para paliar el primer problema, pero el segundo es más grave: estos personajes seducen, mienten y pueden llevar a su empresa a la ruina.
El problema y las soluciones
Las empresas tardan una media de dos años en descubrir el fraude de un directivo. El 42% de estos delitos que se cometen en el seno de una organización son realizados por empleados de bajo rango; el 41% por mandos medios; y el 16,9% por altos directivos y propietarios. Gertrudis Alarcón es directora de i2 Intregrity Iberia, firma especializada en investigar el fraude empresarial, y explica que estos porcentajes se justifican porque “en la mayoría de los casos no hay ni chivatazo ni denuncia. Sí que hay denuncia anónima, pero muchas compañías no disponen de este canal”.

El 42% de estos delitos son cometidos por personal de base, un 41% por mandos y un 16,9% por directivos

Otro de los motivos tiene que ver con las auditorías, “en época de austeridad se hacen menos, a veces por una cuestión de presupuesto. Pero otras veces el fraude tiene su origen en una falta de atención a los indicios que refleja el empleado, como una repentina mejoría de su nivel de vida”, señala Alarcón. Por esta razón, a menudo, son los altos directivos los que menos llaman la atención cuando cometen algún delito de este tipo. En opinión de Alarcón, el elevado porcentaje de mandos que cometen fraude viene dado por la presión por conseguir los resultados. “A veces el error humano produce más pérdidas que el fraude”, señala.

A menudo vale más prevenir que curar, y algunos de estos delitos derivan de un proceso de selección erróneo. María José Carpintero, responsable de recursos humanos de Randstad, explica que, “en los procesos de selección, las pruebas psicotécnicas y la entrevista personal son herramientas que nos ayudan a conocer al futuro trabajador. Los seleccionadores están acostumbrados a realizar muchas entrevistas, por lo que suelen detectar si existen contradicciones. Si este es el caso, siempre es útil contrastarlo con las referencias”.

El fraude puede tener su origen en una falta de atención a los indicios que refleja el empleado, como una repentina mejoría de su nivel de vida

Noelia de Lucas, directora comercial de Hays España, vive en directo los procesos de selección de mandos intermedios y directivos. Asegura que el margen de error es muy pequeño. “Todos los candidatos a un puesto deben superar las entrevistas de nuestros consultores, especializados en su área de actividad, y otras en nuestro cliente, la empresa que finalmente le contratará”. De Lucas aclara que en el caso de ejecutivos y directivos siempre se piden al menos dos referencias, “pero para ello es imprescindible cumplir con la Ley de Protección de Datos. Este aspecto está muy regulado. No se puede preguntar por el sujeto en negativo, hay que hacerlo de manera objetiva y, por supuesto, sin rebasar los límites de la intimidad personal”.

Si a pesar de todo, la empresa descubre un fraude probado y se han tomado las medidas disciplinarias y judiciales pertinentes, Rita González, responsable de recursos humanos de Randstad, recomienda a la organización “mantener una actitud transparente con los empleados. Dándoles a conocer lo ocurrido, explicando qué controles fallaron y qué nuevos controles se establecerán para evitar un hecho similar en el futuro. Esta actitud elimina rumorología y transmite responsabilidad y compromiso del management con las buenas prácticas empresariales”. No obstante, Alarcón afirma que algunas de las grandes cotizadas procuran que estas complicaciones no afloren.

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La tasa de ahorro familiar cae al 10,9% de su renta disponible


La tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (Isflsh) se situó en el 10,9% de su renta disponible en el tercer trimestre de 2011, lo que supone 2,2 puntos menos que en el mismo período de 2010.

Según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), tomando como referencia los últimos cuatro trimestres, esta tasa fue del 12,1% de la renta disponible, cinco décimas menos que en el período precedente.

Los hogares e instituciones sin fines de lucro presentaron, en el tercer trimestre, una capacidad de financiación de 3.593 millones de euros, un 1,4% del PIB.

Por su parte, las sociedades no financieras mostraron una capacidad de financiación de 2.914 millones de euros, un 1,1% del PIB trimestral.

En el caso de las Administraciones Públicas, en el tercer trimestre presentaron una necesidad de financiación de 15.790 millones de euros, un 6,1% del PIB trimestral.

(Noticia extraída de El Mundo)

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