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El Tribunal Supremo acepta la concatenación de contratos


En dos sentencias que sientan Jurisprudencia, permite que se sucedan estos contratos, incluso antes del 26 de agosto, cuando el Gobierno suspendió por dos años el artículo que lo prohíbe. De este modo, el Tribunal muestra su criterio.

El Tribunal Supremo avala el encadenamiento de contratos temporales. Dos sentencias que sientan Jurisprudencia así lo aplican a los contratos anteriores al 26 de agosto, cuando el Gobierno suspendió por dos años el artículo que lo prohíbe en el último Real Decreto de reforma laboral. El Supremo se adelanta así a la última reforma del Gobierno, la aplica a los contratos anteriores –la mayoría– y muestra su criterio.

Así, el TS establece que se pueden concatenar contratos cuando un trabajador ha sido contratado durante más de 24 meses en un periodo de 30 mediante dos contratos de obra y servicio si dichos contratos fueron formalizados para distintas obras de construcción o, lo que es lo mismo, si el centro de trabajo de prestación de servicios es diferente para cada contrato, y todo ello, a pesar de que en los dos contratos afectados el trabajador tenía la misma categoría profesional.

Los magistrados alcanzan esta conclusión tomando como base el convenio colectivo del sector de la construcción tanto en su ámbito general como en el provincial de Vizcaya, ya que esta última norma es aplicable a ambos supuestos enjuiciados debido a que los dos fallos atañen a la misma empresa del sector de la construcción de Vizcaya.

Los citados convenios establecen que “el puesto de trabajo se define por las tareas y funciones que desempeñe el trabajador, por la categoría profesional y por el centro de trabajo, de manera que cualquier variación en alguno de los factores anteriores constituye un cambio de puesto de trabajo”.

Estas dos sentencias (recursos nº 1907/29010 y nº 1961/2010), por lo tanto, analizan el encadenamiento de contratos temporales, figura regulada en el recientemente modificado y posteriormente suspendido artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET). La secuencia de cambios legislativos que atañe al caso comenzó el 19 de septiembre de 2010, cuando entró en vigor la Ley 35/2010 que modificó el artículo 15.5 del ET con la finalidad de hacer “más eficiente” la regla del encadenamiento y, en consecuencia, introdujo nuevos supuestos para la aplicación de esta figura “para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas”.

Sin embargo, el pasado 26 de agosto el Gobierno estableció mediante el Real Decreto-ley 10/2011 la suspensión durante dos años de la figura del encadenamiento de contratos temporales con la finalidad, esta vez, de “evitar efectos indeseados de no renovación de contratos temporales y en favorecer el mantenimiento del empleo”, lo que dio lugar a la frase de Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración, de que “el Gobierno prefiere un contrato temporal a un parado”.

Por tanto, estas novedades no se aplican a los casos que enjuicia el Alto Tribunal en estas sentencias, al igual que el resto de contratos anteriores a la Ley 35/2010.

La primera sentencia tiene un voto particular de la magistrada María Lourdes Arastey, que considera que la definición de puesto de trabajo no puede servir para delimitar el campo de la contratación temporal más allá de lo que han fijado las disposiciones de rango legal.

De esta forma, la magistrada entiende que la conclusión a la que llega la mayoría de la Sala es la de que cada cambio de centro de trabajo supone el inicio del cómputo del tiempo, obviando los servicios anteriores prestados en otra obra, como si de una relación nacida ex novo se tratara. Con ello, lamenta, “se elude aplicar cualquier tipo de límite, pues cada vez que el trabajador es cambiado de obra se considera una relación jurídica desvinculada de la anterior”.

En cambio, Arastey entiende que “la solución alcanzada conduce al absurdo: acaba por afirmarse que cada obra es autónoma e independiente del historial inmediato anterior en un convenio que, precisamente, permite que la contratación para una obra admita el cambio de obra”.

El despido de directivos
El Supremo también ha fallado recientemente a favor de la empresa en una sentencia que sienta Jurisprudencia y establece que la compañía que prescinde de los servicios de un administrador no debe indemnizarle.

Los hechos atañen a un ingeniero que prestó servicios a una empresa en virtud de una relación laboral de carácter común. Después, la relación fue especial de alta dirección y acabó siendo mercantil al ser designado administrador único. En cambio, si la relación de un directivo sea laboral, el Supremo entiende, según adelantó EXPANSIÓN el pasado 18 de octubre, que debe mantener su blindaje en caso de despido improcedente.

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La suspensión del tope para ligar contratos temporales será de dos años


El Gobierno quiere suspender durante dos años el actual límite para encadenar contratos temporales y derogar el actual contrato de formación, implantando uno nuevo, denominado contrato de formación y aprendizaje. Éste, muy al estilo alemán, permitirá a los jóvenes sin cualificación combinar trabajo y formación, cobrando un salario que, proporcionalmente a la jornada laboral desempeñada, no podrá ser inferior en ningún caso al salario mínimo interprofesional (SMI).

Estos datos constan en el borrador del Real Decreto-Ley que el próximo viernes llevará el Gobierno al Consejo de Ministros y en el que se precisa que la decisión de suspender temporalmente la regla que impide encadenar contratos temporales se debe a que, “lejos de fomentar la contratación indefinida”, puede estar produciendo “efectos indeseados” de no renovación de contratos temporales.

En concreto, el borrador precisa que durante dos años quedará suspendido el artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el que se establece que adquirirán la condición de fijos aquellos trabajadores que en un plazo de treinta meses hubieran estado contratados durante más de dos años, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas mediante dos o más contratos temporales.

En cuanto al nuevo contrato de formación, el Gobierno explica en su borrador que se podrá realizar con jóvenes de entre 16 y 25 años que carezcan de cualificación profesional alguna, si bien, de manera transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2013, esta modalidad contractual también podrá efectuarse con jóvenes de hasta 30 años sin cualificación profesional. En el caso de celebrarse con personas con discapacidad, no habrá límite máximo de edad.

En el texto se explicita que la duración del contrato será de dos años, aunque podrá prorrogarse otro año más en función de las necesidades formativas del trabajador o de las necesidades organizativas de las empresas. Una vez expirada la duración del contrato, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa. Estos contratos no podrán efectuarse cuando el puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa por tiempo superior a un año.

Las empresas que, al finalizar su duración, transformen estos contratos en indefinidos podrán disfrutar de una reducción en la cuota empresarial de la Seguridad Social de 1.500 euros al año durante tres años. En el caso de las mujeres, la rebaja en la cotización será de 1.800 euros anuales. Para tener derecho a estas reducciones, la transformación deberá implicar un aumento en el nivel de empleo fijo de las empresas contratantes.

El trabajador sujeto a este contrato deberá recibir la formación oportuna en un centro formativo reconocido por el sistema nacional de empleo y la actividad laboral que desempeñe en la empresa deberá estar relacionada con la formación que esté recibiendo. Ésta tendrá que comenzar como máximo en un plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de la celebración del contrato.

Sueldo
Según el borrador, el trabajador podrá solicitar un certificado de profesionalidad en función de la cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato. El tiempo de trabajo efectivo que desempeñe el trabajador deberá ser compatible con el dedicado a las actividades formativas y no podrá superar el 75% de la jornada máxima prevista en convenio o, en su defecto, de la jornada máxima legal. Tampoco podrán realizarse horas extraordinarias ni trabajos nocturnos o a turnos.

La retribución del trabajador contratado bajo esta modalidad se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo pero, en ningún caso, el salario percibido podrá ser inferior al SMI en proporción a las horas efectivas dedicadas. Además, el trabajador contratado bajo esta modalidad tendrá derecho a prestación por desempleo y estará protegido por todas las contigencias y prestaciones de la Seguridad Social.

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El Gobierno eliminará el límite para encadenar contratos temporales


El Consejo de Ministros aprobará el viernes un paquete de medidas en el terreno laboral para fomentar la contratación, sobre todo de jóvenes parados. La primera de estas iniciativas que aún no está cerrada y que es también la más inesperada consiste en dar barra libre a los contratos temporales, cuyo encadenamiento está limitado ahora por ley para evitar su abuso.

Para ello, los técnicos que elaboran estos días el citado decreto de medidas laborales barajan eliminar directamente el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores que establece lo siguiente: “los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos”. Con toda seguridad, los sindicatos rechazarán contundentemente esta medida, que fue uno de sus mayores logros en la reforma de 2006, ya que traslada a la ley su histórica reivindicación de poner coto al abuso de los contratos temporales. No obstante, esta cesión a los empresarios podría ser el pago a la renuncia por parte del Gobierno a flexibilizar los contratos a tiempo parcial, algo que estaba previsto hacer también el viernes y que debido a la presión de CC OO y UGT, que rechazaban este cambio, se ha caído del orden del día.

El resto de medidas que serán aprobadas el viernes son las siguientes:

Más formación

El Consejo de Ministros del próximo viernes aprobará “adaptaciones en las modalidades de contratación para favorecer el acceso de los jóvenes al empleo y su formación”. Fuentes cercanas al Ejecutivo informaron que aprobará una modificación del contrato de formación de forma que, durante dos años se pueda hacer a jóvenes de hasta 30 años y transcurrido ese tiempo vuelva a limitarse a los 25, como es ahora. Al mismo tiempo, se ampliará el porcentaje de jornada durante la cual el joven debe ser formado, actualmente fijado en el 15%, en una cifra aún no cerrada.

Conversiones

El decreto del viernes ampliará (probablemente hasta finales de 2012) las bonificaciones a la conversión de contratos temporales en indefinidos de fomento del empleo estable (con indemnización por despido de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades).

Fogasa

Se extenderá hasta 2013 la posibilidad de que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abone 8 días de la indemnización por despido de las extinciones objetivas procedentes. Está previsto que el Fogasa se integre en el Servicio Público de Empleo para dotar a este organismo de más plantilla.

400 euros

Trabajo también ha conseguido vencer las resistencias de los responsables del Departamento de Economía para prorrogar por seis meses más el plan Prepara, que incluye una ayuda de 400 euros para parados que hayan agotado toda prestación.

Fondo despidos

Se traslada el compromiso de crear un fondo de capitalización individual de cada trabajador para costearse la prestación por desempleo al primer semestre de 2013.

Cinco días

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