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Los contribuyentes pueden solicitar el borrador de la renta desde el 10 de abril


Los contribuyentes podrán solicitar el borrador o los datos fiscales de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al año 2011 a partir del 10 de abril y hasta el próximo 2 de julio de 2012, según la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda.

Además, la confirmación de dicho borrador o datos fiscales también podrá efectuarse, cualquiera que sea el resultado, a partir de esa misma fecha y hasta el 2 de julio de este año, ambos días incluidos. El borrador se podrá obtener y confirmar por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria en Internet, aunque Hacienda enviará por correo ordinario el borrador los contribuyentes que no hayan recurrido a esta vía a partir del 3 de mayo, el día que arranca oficialmente la Campaña de Renta 2011.

Una vez que se reciba el borrador, se debe revisar, pudiendo en su caso completar o modificar la información recogida en el mismo antes de proceder a su confirmación. El plazo para la confirmación por vía telemática arranca también el 10 de abril y concluye el 2 de julio, aunque si se hace por otras vías el plazo comienza el 3 de mayo.

Si el resultado del borrador arroja una cantidad a ingresar y su pago se domicilia en cuenta, la confirmación o suscripción del mismo no podrá realizarse más tarde del 27 de junio, salvo si se domicilia solo el segundo pago. Como todos los años, podrán solicitar el borrador los contribuyentes que sólo tengan rendimientos del trabajo, rendimientos del capital mobiliario con retención o ingreso a cuenta, Letras del Tesoro, imputación de rentas inmobiliarias de dos inmuebles como máximo, ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta y subvenciones para la adquisición de vivienda habitual.

Extraido de ABC

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El contrato para emprendedores representa uno de cada diez nuevos empleos indefinidos


El nuevo contrato indefinido para emprendedores introducido por el Gobierno en la reforma laboral representó cerca del 10% de los empleos fijos creados en marzo, según datos publicados del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En marzo se firmaron un total de 98.485 contratos indefinidos, mientras que, según apuntó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en las seis últimas semanas se han firmado algo más de 10.000 contratos para emprendedores.

De esta forma, teniendo en cuenta que los nuevos contratos creados por el Ejecutivo se comenzaron a firmar a mediados de febrero, cerca del 10% de los empleos indefinidos de marzo utilizaron esta nueva modalidad. A pesar de que este tipo de contrato está dirigido específicamente a las empresas con menos de 50 trabajadores, que representan más del 95% del total, sólo uno de cada diez contratos indefinidos firmado en marzo era de esta modalidad.

Asimismo, de los 98.485 contratos indefinidos firmados en marzo, más de una tercera parte (36.848) fueron conversiones de empleos temporales en fijos. En total, en marzo se registraron 1.026.858 contratos, lo que representa una caída del 11,1% en comparación con el mismo mes de 2011.

Noticia extraida de Expansión

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El Gobierno prepara un plan contra el fraude en el cobro del desempleo


La ministra ha asegurado que pretende garantizar el cumplimiento de las políticas sociales.

 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicó este lunes en el Senado que su departamento pondrá en marcha “en el plazo de un mes” un plan de lucha contra el fraude en la Seguridad Social y el cobro irregular de prestaciones por desempleo. Báñez se hacía eco así de una de las iniciativas desveladas unas horas antes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el Comité Ejecutivo del PP.

El Gobierno ha negado una y otra vez que vaya a modificar las condiciones que determinan el derecho a cobrar la prestación por desempleo, una de las partidas más abultadas del Presupuesto, dotada con más de 30.000 millones. Pero sí ultima nuevas medidas para perseguir el fraude, tanto en el cobro del paro, como en la percepción de pensiones y en la cobertura de bajas laborales.

Más allá del plazo temporal, Báñez no dio apenas detalles. Se limitó a declarar que será “un plan ambicioso” que pretende garantizar que las políticas sociales se cumplen “con igual intensidad en toda España”. Entre otras cosas, queda por resolver qué papel jugarán las mutuas, a las que Empleo quiere dar un mayor protagonismo en la consignación de altas y bajas por enfermedad laboral.

Mil millones a pensiones

En su comparecencia en el Senado, Báñez pasó de puntillas por uno de los recortes más llamativos en el Presupuesto que se presenta hoy en el Congreso, un tijeretazo de 1.500 millones en las políticas activas de empleo. La ministra indicó que, el futuro, habrá que explotar fórmulas “público-privadas” en este ámbito, recalcó la poca eficacia de medidas anteriores, y se mostró partidaria de dar mayor libertad de acción a las comunidades.

La ministra de Empleo sí fue más precisa al hablar del presupuesto de la Seguridad Social, que incluye el sistema de pensiones, el Fogasa (el fondo estatal que participa en el pago de ERE) y las prestaciones por desempleo. En la hoja de ruta del Gobierno se ha puesto como objetivo que la Seguridad Social acabe este año en equilibrio, cuando en 2011 registró más de 900 millones de déficit.

Empleo empezará a cuadrar el círculo de este año mediante una transferencia de 1.000 millones de euros desde la Administración Central a la Seguridad Social para elevar a 3.806 millones la dotación que complementa las pensiones mínimas.

(Noticia extraída de Cinco Días)

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El nuevo ERE, despido más fácil, más corto y más barato


En la mayoría de las ocasiones todo comienza con un power point. Una cuidada presentación en la que la dirección de la empresa expone a los trabajadores un sombrío panorama económico. Les aseguran que la situación es insostenible. Y entonces pronuncian el acrónimo maldito: ERE (expediente de regulación de empleo). Uno de cada 10 trabajadores despedidos en 2011 fue por un ERE, según datos del Ministerio de Empleo. Un porcentaje que puede crecer con los últimos cambios normativos.

Félix Duque, de 55 años, trabaja desde hace 35 años en Gunnebo España, multinacional dedicada a la instalación de sistemas de seguridad. A finales de diciembre la dirección de la empresa le comunicó que preparaba un ERE para prescindir de 111 de los 270 trabajadores. Los gestores llevan semanas negociando con los trabajadores las condiciones del despido colectivo. Cuando se enteraron de que el Gobierno iba a aprobar una nueva reforma laboral frenaron el expediente, según el comité de empresa. “Han aplazado la presentación de la documentación. Retrasaron una reunión dos días antes de la reforma y ahora nos convocan con nuevas condiciones y con un nuevo escenario laboral”, explica Duque, uno de los primeros trabajadores afectados por los últimos cambios laborales, que considera que ahora tienen “menos medios para defenderse”. La empresa confirma que ha iniciado oficialmente el ERE después de la reforma. Pero asegura que mantiene intacta su intención de alcanzar un acuerdo con los trabajadores.

La reforma laboral allana el camino para que los empresarios puedan acogerse a este mecanismo para despidos colectivos. Elimina la autorización previa, acorta los plazos para ejecutarlo y amplía las situaciones para que los empresarios se acojan a esta modalidad de despido. Solo será necesario justificar nueve meses consecutivos de caídas de facturación o ingresos. Ya no es necesario pactarlo con los trabajadores. A estos solo les queda reclamar ante un juez. Además, la nueva norma favorece que las Administraciones públicas puedan acogerse al ERE.

El año pasado 342.831 personas se vieron afectadas por un ERE, seis veces más que antes de la crisis. La ley ofrece ahora más facilidades. Elimina uno de los principales escollos que tenían las empresas para presentar un ERE: se suprime de un plumazo la autorización previa que tenía que dar la administración laboral (el Ministerio de Trabajo o las Consejerías de Empleo). Hasta ahora los empresarios se esforzaban en lograr un acuerdo con los trabajadores porque la autoridad laboral no ponía pegas cuando había pacto. De hecho, más del 90% de los ERE presentados antes de la reforma se presentaban con un acuerdo. “La eliminación de la autorización previa va a ser un estímulo para conseguir un acuerdo y evitar la judicialización del proceso”, explica Federico Durán, experto en Derecho Laboral y socio de la firma de abogados Garrigues. Cuando los trabajadores no estén de acuerdo con las condiciones del ERE podrán recurrir al juez. La reforma establece un procedimiento “de urgencia” en los tribunales. “Pero todos sabemos del colapso judicial y el proceso se puede prolongar meses por los recursos”, precisa Durán.

Hay sociedades que han aplazado el ERE a la espera de la nueva norma

“Va a aumentar mucho la litigiosidad, lo cual en el corto y el medio plazo generará cierta inseguridad jurídica tanto para empresas como para trabajadores. Es posible que en el medio plazo la empresa se queje de cómo la Jurisdicción Social está interpretando la Ley”, considera Jaime Cabeza, catedrático de derecho del Trabajo en la Universidad de Vigo.

Los inspectores de trabajo cuestionan la reforma. “El papel de la inspección queda mermado. No es igual decidir sobre las causas del ERE que sobre los temas de la comunicación”, señala José Antonio Amate, miembro de UPIT, una asociación de inspectores de trabajo. Este considera que “el problema de la reforma no es que se elimine la autorización previa. Sino que se amplían las causas para presentar un ERE”. La nueva legislación permite despidos colectivos cuando se produzcan nueve meses consecutivos de caídas de facturación. “No creo que haya ni una sola empresa en España que con la situación en la que estamos no cumpla con esos requisitos”, desliza Amate. Por eso, la mayoría de los expertos consultados consideran que habrá un aumento de los despidos con esta fórmula. Aunque el responsable de relaciones laborales de la CEOE, José de la Cavada, considera que “quitar la autorización para los ERE no es una barra libre para el despido”. Desde la patronal se admite que se facilita el ERE en empresas más pequeñas.

“Con la crisis, todas las empresas podrán presentar un despido colectivo”

La reforma laboral también despeja el camino para que las Administraciones públicas se acojan a esta fórmula: “Cuando justifiquen nueve meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”, señala la ley. La reforma disipa así el debate sobre la pertinencia de que la Administración pueda presentar un ERE. El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y el de Avilés fueron los primeros en presentarlo hace dos años. Entonces surgieron dudas sobre su legalidad. Ahora se abre la veda para los ERE que afectarán a los trabajadores laborales de entes públicos. “Se está hablando de reducir la estructura de la Administración, eliminar empresas públicas… Y eso lo facilita”, admite Mari Cruz Elvira, de CC OO, que critica la medida.

La reforma también agiliza los ERE temporales o de reducción de jornada. Esto permitirá que en sectores con alta estacionalidad usen el despido colectivo. “Son los efectos colaterales de la reforma”, abunda Joan Coscubiela, profesor de Derecho del Trabajo en Esade y diputado por ICV, quien asegura que la reforma provocará “un alza de los gastos de desempleo”.

Antes cuando un empresario presentaba un ERE algunos trabajadores se apuntaban de forma voluntaria porque creían que encontrarían mejores condiciones que en el futuro. Ahora ese efecto se limita. “Habrá moderación salarial. Pero no creo que todos vayan al mínimo de 20 días. Para conseguir un acuerdo habrá que mejorar las condiciones”, señala Durán. “Ya no habrá bajas voluntarias. Ahora se deja en manos del empresario. Es él quien puede elegir a qué trabajadores afectará el ERE”, zanja Coscubiela.

El Pais

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La impugnación de los ERE conllevará más despidos nulos


La reforma laboral ha eliminado la autorización administrativa para los despidos colectivos (conocidos como ERE), si bien la nueva ley establece que esta autoridad podrá hacer “advertencias y recomendaciones” y sigue siendo perceptivo un informe de la Inspección de Trabajo que dé el visto bueno al periodo de consultas y a la legalidad del uso de las prestaciones por desempleo.

Pues bien, esta circunstancia es la que ha llevado a Salvador del Rey, director del Instituto Internacional Cuatrecasas y uno de los mayores expertos laboralistas de España, a advertir a sus colegas que “cuando la autorización administrativa en los ERE ha salido por la puerta, la inspección ha entrado por la ventana en forma de fiscalización de la negociación colectiva”.

Con esta gráfica afirmación, Del Rey alertó ayer de que si este informe de la Inspección es negativo porque determina que no ha habido buena fe por parte de la empresa en el periodo de consultas o que este no se ha efectuado conforme a la ley, los despidos de ese proceso pueden ser declarados nulos, lo que supone la readmisión del trabajador. En este punto, se quejó de que la inseguridad jurídica que da el hecho de que la ley “tampoco tenga parámetros seguros para definir lo que es buena fe o no a la hora de negociar”.

En este mismo sentido, Del Rey -que habló ayer ante un auditorio de 1.500 abogados laboralistas y responsables de recursos humanos en una jornada organizada por Adecco y APD-, advirtió también que las empresas “deberán ser muy escrupulosas” al elegir a los trabajadores que despedirán vía ERE “porque la discriminación va a empezar a ser una causa creciente de impugnaciones de los despidos colectivos no pactados ante el juez; tal y como ya ocurre frecuentemente en Estados Unidos”.

Otro de los consejos para los gestores de recursos humanos del experto de Cuatrecasas fue que en los despidos colectivos, a pesar de que la norma ya no exige a la empresa que argumente la razonabilidad de la decisión extintiva (esto es, que la única solución a su problema económico es el despido colectivo y no otras) y basta con esgrimir causas económicas (disminución presente o prevista de beneficios o caída de ingresos o ventas durante tres trimestres), los gestores deberían seguir justificando esta razonabilidad ante el juez. De lo contrario, consideró que los magistrados podrían cuestionar estos despidos en la práctica diaria.

Un único disparo en la recámara

Otro de los expertos laboralistas encargados de explicar ayer la reforma en esta jornada fue el socio de Garrigues, Federico Durán, para quien el aspecto más importante de la reforma es la limitación de la prórroga automática de los convenios colectivos (ultraactividad) a dos años. “Si para hacer la reforma tuviera un pistola con un solo disparo, ese sería el de terminar con la ultraactividad que es la madre de todos los males de la negociación colectiva”, dijo Durán. Acto seguido opinó que los dos años que la ley da ahora para negociar antes que decaiga el contenido del convenio son demasiados. “Están limitando este plazo a cámara lenta”, apostilló.

Para Durán, la reforma no supone un cambio tan drástico como se ha dicho y precisó que su aplicación suscita dudas como si en el caso de que sean los trabajadores los que quieren reabrir la negociación de un convenio vigente la empresa tiene la obligación de negociar o si estos trabajadores pueden usar la huelga como medida de presión. “En teoría entiendo que no -dijo Duran- pero convendría que el trámite parlamentario aclarara estos puntos”, añadió. Igualmente, defendió la constitucionalidad de la figura del arbitraje en los descuelgues del convenio donde no hay acuerdo; si bien fue más allá y aseguró que las decisiones de estos árbitros aunque sean obligatorias de acatar por empresa y trabajadores “servirán de poco si, como permite la ley, se pueden recurrir a los tribunales”. En general, los expertos laboralistas reclamaron ayer que el Gobierno aclare mediante enmiendas a la ley las numerosas dudas interpretativas que suscita su aplicación.

Báñez antepone tomar decisiones a la paz social

“La paz social es muy importante pero no puede desviar la atención principal de un Gobierno responsable, que es gobernar para la mayoría”. Así respondió ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, a la convocatoria de huelga general el 29M y a las amenazas sindicales de llevar el conflicto social por la reforma laboral más allá de esa fecha. En su opinión, “las huelgas no crean empleo” y la reforma laboral “que es la reforma de la gente corriente”, según sus palabras, “sí sentará las bases para generar puestos de trabajo cuando la economía crezca”.

Los sindicatos, por su parte, volvieron a reclamar la apertura de una negociación con el Ejecutivo que negaron que exista. Báñez recordó que los miembros de su departamento han realizado reuniones técnicas con CC OO y UGT (ayer la sexta de este tipo) para modificar la reforma.

Huelga política

CEOE aseguró ayer a través de su vicesecretario de Asuntos Económicos, Alberto Nadal, que la huelga del 29-M es “política”, pero “la van a pagar las empresas”. Defendió la reforma, que ya “ha mejorado la imagen de España ante los inversores”.

(Noticia extraída de Cinco Días)

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Los sindicatos piden prorrogar la reposición del subsidio de desempleo por ERE


Los secretarios confederales de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Paloma López, respectivamente, han enviado una carta al ministro de Trabajo -Valeriano Gómez- en la que piden que se prorrogue hasta que finalice la crisis el derecho a la reposición de las prestaciones por desempleo y las bonificaciones por reducciones o suspensiones de empleo.

Los sindicatos consideran que la medida, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre, ha dado resultados “muy positivos para el mantenimiento del empleo y para la viabilidad de las empresas con dificultades económicas”.

Este derecho fue incluido en un Real Decreto de 2010, que fue ratificado con el apoyo del PP, tras un proceso de diálogo entre los agentes sociales y el Gobierno, por lo que los sindicatos también instan a Gómez a que traslade esta petición al Ejecutivo entrante.

Las centrales recuerdan que en los años 2009 y 2010 se decidió hacer una apuesta por los expedientes de regulación de empleo (EREs) de suspensión y reducción de jornada frente a los de extinción, para evitar una mayor destrucción de empleo.

“Esta medida beneficia a los empresarios, a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto, ya que limita una mayor destrucción de empleo”, constatan en la misiva ambos sindicatos, que, por ello, piden que se prorrogue “por el tiempo que dure la crisis económica y la destrucción de empleo”. “Asimismo, solicitamos que se dé traslado de esta petición al nuevo Ministro de Trabajo, en el traspaso de competencias”, concluyen.

Expansión

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Trabajo autoriza a cerrar TVM el 1 de enero


La Dirección General de Trabajo del Govern ha fijado la fecha en la que el Consell Insular podrá proceder al cierre de la Radio y Televisión de Mallorca con el despido de más de un centenar de trabajadores: el día 1 de enero del próximo año.
Tanto el director general del citado ente público, José Manuel Carrillo, como la representación de los trabajadores confirmaron que Trabajo remitió ayer su decisión, en la que se autoriza el cierre, pero no antes del próximo día 1 de enero, aunque en ambos casos se aplazó cualquier valoración hasta haber analizado con sus respectivos servicios jurídicos el alcance de todo el documento.
Sin embargo, otras fuentes indicaron que la citada Dirección General ha argumentado que no se puede justificar el expediente de regulación de empleo que se pretende aplicar sobre la plantilla mientras la Radio y Televisión de Mallorca siga contando con el presupuesto de este año, y solo en 2012, cuando ya no se cuente con ninguna partida económica, se podrá proceder a la liquidación del ente.
Pese a que ninguna de las partes en conflicto ha expuesto sus intenciones una vez se cuenta con el citado documento, desde el comité de empresa se considera que presumiblemente se intentará presentar algún recurso contra la citada decisión, dado que ésta supone dejar a más de un centenar de personas sin su puesto de trabajo.
Hay que recordar que desde la asesoría jurídica de la plantilla se mantiene que se han cometido irregularidades en este proceso. En concreto, se considera que el informe previo elaborado por la Inspección de Trabajo (dependiente del Ministerio) puso en evidencia que la documentación aportada por los responsables del ente público no permitía demostrar las causas económicas con las que se pretendía justificar el expediente de regulación de empleo, y acusó a Trabajo de haber dado un plazo adicional no previsto para que ésta se presentara. Así, se acusó al citado departamento del Govern de haber generado la indefensión de los trabajadores, y se recordó que tanto el Ejecutivo balear como el Consell Insular, del que depende RTVM, están en manos del Partido Popular.
Este argumento fue rechazado por la dirección del ente público, desde el que ya se había adelantado que, ante los plazos previstos en la ley, Trabajo debía emitir su informe entre ayer y hoy, como así ha sucedido.
La pretensión de los gestores de esta radio y televisión pública es que se acepte el despido de la plantilla por causa objetiva, como ha sucedido, lo que supone para los trabajadores una indemnización equivalente al salario de 20 días por año trabajado. Hay que recordar que este ente tiene unos seis años de vida.

Diario de Mallorca

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