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Posts Tagged ‘inspección’

Inspección de trabajo tras los contratos eventuales


Para este 2016, uno de los objetivos de la Inspección de trabajo es el control de los contatos eventuales. No puede ser más necesario este control, sólo hay que acercarse a las cifras por ejemplo del cuarto trimestre de 2015 para ver que sobre un total de 1.396.900 registrados, 1.271.300 lo fueron eventuales, y de los cuales casi el 50% lo fueron a tiempo parcial. Son datos abrumadores que hablan por si solos de la necesidad de realizar el control de este tipo de contratación. Específicamente la inspección de trabajo se va a centrar en el control de la existencia de la eventualidad, es decir, que exista una causa justificada para realizar un contrato eventual en lugar de uno fijo y en segundo lugar en los casos de contratos a tiempo parcial se va a controlar la realización de las jornadas de trabajo con sujeción a lo que recoge el contrato de trabajo, para ello la Inspección solicitará a las empresas que diariamente se registre la jornada realizada por el trabajador a tiempo parcial, no es un requerimiento nuevo, ya hace varios años que es obligatorio realizar este control y también hace varios años que la inspección solicita este documento a las empresas que tienen contratados trabajadores a tiempo parcial.

Es muy importante que dicho control sea efectivo, dado que si no se solicita en el centro de trabajo tener permanentemente disponible dicho documento de control de horas, la medida de control de nada sirve puesto que la empresa puede confeccionarlo a medida a posteriori, y nos consta desde este despacho que muchos inspectores y subinspectores no están exigiendo que la empresa lo aporte en el mismo momento de la inspección al centro de trabajo, conformándose con la aportación a posteriori en la visita que realiza la empresa al despacho del inspector para aportar la documentación adicional que se haya solicitado mediante citación. Deja ello como decimos sin efecto la medida de control.

Por último incidir entre la abismal diferencia, como problema estructural, existente entre la contratación eventual y la contratación indefinida, sobre los mencionados 1.396.900 contratos registrados en el cuarto trimestre de 2015, apenas 125.600 lo fueron indefinidos, si el sistema pretende ( y así lo manifiestan los agentes sociales) encaminarse hacia una prevalencia de la contratación fija, creo que estamos equivocando el modelo de sistema laboral, pero eso es asunto para otra entrada en el blog.

Juan Francisco Argüelles Sánchez

Graduado Social

twitter: @svs_asesores

Facebook: http://www.facebook.com/svsasesores

 

 

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CAMPAÑA LUCHA CONTRA EL FRAUDE DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO. VERANO 2015


Cómo es de dominio público, ya que ha tenido gran difusión en los medios de comunicación, en Baleares se inicia desde hoy 17/08/2015 una campaña de control del fraude laboral, esta campaña se va a centrar primordialmente (aunque no exclusivamente) en el control de los trabajadores a tiempo parcial; hemos comentado en otras ocasiones las obligaciones que tiene el empresario respecto de los trabajadores contratados a jornada parcial tras la última modificación del Estatuto de los Trabajadores. La más importante y la que más quebraderos de cabeza está trayendo, es la obligación de tener disponible en el centro de trabajo un listado diario de las horas realizadas por los trabajadores contratados a tiempo parcial, si eres cliente de nuestra asesoría ya se te ha facilitado un documento estandar, que se debe rellenar diariamente anotando, la hora de entrada, de salida y firmado por el trabajador. Es muy importante tener en cuenta que el no disponer del citado documento actualizado en el centro de trabajo, supondrá automáticamente la orden de la inspección de trabajo de la conversión del contrato temporal en uno a tiempo completo con los costes en seguridad social que ello conlleva, bien desde el momento de la inspección o desde el inicio del contrato (esto queda a la voluntad del inspector/a), por todo ello volvemos a insistir en la necesidad de tener actualizado dicho listado para evitar problemas ante una inspección de trabajo.

Francisco Argüelles Sánchez

Graduado Social.

Nuevos requisitos para los trabajadores a tiempo parcial


El ejecutivo, está colando “de rondon” en los últimos tiempos, muchas modificaciones normativas que sin ser tan publicitadas como los famosos y tramposos “100 euros” para contratos de trabajo indefinidos, tienen mucha miga y afectación a las empresas.

Quiero comentaros hoy la modificación del art. 12.5 h) del Estatuto de los Trabajadores. La redacción dada al artículo doce, obliga a los empresarios, a llevar un registro mensual de las horas efectivamente realizadas por los trabajadores a tiempo parcial, tanto ordinarias como complementarias. Dicho registro según ha trascendido desde la inspección de trabajo y seguridad social deberá contar con al menos con la fecha, hora de entrada y hora de salida y la firma del trabajador. De no poseer la empresa el citado registro de horas, se entenderá que los contratos son celebrados a jornada completa (salvo prueba en contrario). Cabe añadir, que dicho registro deberá estar disponible en el centro de trabajo a disposición de la inspección de trabajo, ya que no se aceptará la presentación a posteriori, por falsear la veracidad del documento el retraso en el tiempo de su presentación (información facilitada por inspección de trabajo).

Así pues, las empresas que tengan trabajadores a jornada parcial, deben tomar buena nota y desde ya mismo, empezar a realizar un registro de la jornada, que insisto, deberá estar actualizado y disponible permanentemente en el centro de trabajo.

 

Francisco Argüelles Sánchez.

Graduado Social Colegiado.

Multas de hasta 100.000, por tener trabajadores ilegales


El Gobierno sancionará a partir de hoy a las empresas que empleen a trabajadores de forma irregular con multas que pueden alcanzar hasta 10.000 euros, cuantía superior en cinco veces a las actuales. Hoy, 1 de agosto, ha finalizado el periodo de regularización voluntaria del empleo sumergido previsto dentro del plan que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de abril.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, siempre ha defendido que el plan persigue recuperar el mayor número de cotizantes posibles, y que no conllevaría ningún tipo de amnistía, puesto que los empresarios sólo podrán acceder a bonificaciones y ayudas una vez que den de alta en la Seguridad Social a los empleados sumergidos.

El plan establece que una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de hoy una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales. Cuando el trabajador compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos sin declarar, la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.

Además, la iniciativa comprende una intensificación de la actividad y la eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años. En esta misma línea, el plan incluye la realización de campañas de sensibilización pública.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han avanzado que el departamento dirigida por Valeriano Gómez facilitará a partir de septiembre los primeros resultados del plan. En cualquier caso, el ministro ya avanzó que una forma de conocer los efectos de las medidas sería ver si la afiliación a la Seguridad Social aumentó de mayo a agosto.

Pese a las buenas expectativas del Gobierno, UGT asegura que la medida no tendrá éxito si no aumentan los recursos dedicados a la inspección de trabajo. La secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, ha señalado a través de un comunicado que “es muy difícil pensar en la efectividad de un plan que no tiene recursos para su control en relación con la inspección de trabajo”. Según UGT, España es el país de la Unión Europea con menos efectivos dedicados a la inspección de trabajo en relación con la población activa.

 

El País

Trabajo detecta fraude en uno de cada cuatro parados que inspecciona


El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró ayer que “solo” una cuarta parte de los 235.000 perceptores de desempleo investigados en el último año cobraba el paro de forma fraudulenta. Así, 58.000 falsos parados han perdido la prestación por desempleo en los últimos 12 meses.

Uno de cada cuatro parados que sufrieron una inspección de Trabajo cobraban su prestación en 2010 de forma fraudulenta. Valeriano Gómez, que utilizó el adverbio “solo” al ofrecer esas cifras, respondió así al presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, quien un día antes reclamó acabar con los parados que se apuntan al desempleo “porque sí”.

Gómez destacó que “hay muchas menos personas que cometen fraude en el subsidio que aquellas que las perciben simplemente porque no tiene trabajo”. Y añadió que de los más de dos millones de personas que han perdido su empleo, el 80% tenía derecho a la cobertura de paro.

Las cifras de mayo, último mes del que existen datos, indican que 2,5 millones de parados recibieron la prestación por desempleo o recibían ayudas asistenciales. Con todo, resultaría aventurado decir que el 25% de estos contribuyentes defraudaron al sistema ya que el número de investigados por inspección no es suficientemente significativo.

Por otra parte, los últimos datos de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social indican que se llevaron a cabo 304.845 actuaciones en el primer trimestre en todos los ámbitos (prestaciones por desempleo, cotizaciones, riesgos laborales, etc.). Se registraron 23.290 infracciones y se propusieron sanciones por un importe de 62 millones de euros. El Ministerio de Trabajo indica que gracias a la inspección se consiguió transformar en indefinidos 12.000 contratos. Por otra parte, en el primer trimestre se regularizó la situación de 17.085 asalariados que trabajaban en la economía sumergida y, por tanto, sus empresas eludían los pagos a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria.

Acerca de las recomendaciones de Rosell, que reclamó acabar con los “funcionarios prepotentes”, el ministro de Trabajo lamentó que esa idea cada vez esté más asentada en la sociedad. Sin embargo, añadió que hay colectivos como los médicos o profesores que gozan de aprecio y respeto social. En cualquier caso, resaltó que coincide con Rosell en que el absentismo en el sector público es “alto” y debe atajarse. Aunque dejó también claro que el porcentaje en la administración es similar al de las grandes empresas o al de las instituciones europeas. Y recordó que los empleados públicos y funcionarios también han hecho sacrificios en esta crisis al sufrir una rebaja de un 5% en su sueldo. Gómez, que dos semanas atrás reclamó penalizar fiscalmente los sueldos de los altos directivos de la banca, señaló que el sector financiero es imprescindible. “Yo no hablo de culpas, hablo de responsabilidades”, declaró.

Facilidades a la contratación

Por otra parte, el ministro de Trabajo y la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, firmaron ayer un acuerdo para impulsar la formación y contratación de personal innovador. El acuerdo suscrito permitirá financiar conjuntamente las actividades de formación que se establecen en el programa Inncorpora 2011, que combina formación y ayudas a la contratación de doctores, titulados universitarios y técnicos para la realización de proyectos de innovación tecnológica.

Garmendia explicó que el incentivo se articula a través de préstamos a las empresa con un tipo de interés del 0% y sin necesidad de presentar garantía. La ministra indicó que el Gobierno, en los últimos tres años, ha ayudado a la incorporación de más de 3.300 técnicos al tejido productivo. Y precisó que para este año la convocatoria del programa Inncorpora cuenta con más de 440 millones para el fomento del empleo y la competitividad de las empresas.

Funcionarios

El coordinador del área pública de CC OO, Enrique Fossoul, exigió ayer al presidente de CEOE, Juan Rosell, que rectifique sus declaraciones en las que criticaba a los “funcionarios prepotentes”. Izquierda Unida, por su parte, acusó a Rosell de intentar “cargarse la negociación colectiva”.

Sagardoy critica la reforma laboral

La reforma laboral no ha logrado uno de sus principales objetivos, elevar la contratación indefinida. Es una de las principales conclusiones del primer Barómetro del mercado de trabajo del Instituto para las Relaciones Laborales y Empleo que la Fundación Sagardoy presentó ayer. El informe indica que en mayo solo el 8% de los nuevos contratos fueron indefinidos, porcentaje que en 2008 alcanzaba el 12%. El presidente de la fundación, Juan Antonio Sagardoy, señaló que la situación “es mala” y reclamó tomar medidas aunque “sean impopulares”.

Con todo, el informe contiene algún dato positivo. Así, los expedientes de regulación de empleo de extinción sumaron este año el 18% del total cuando en 2008 alcanzaban el 63%. Así, se imponen los ERE de suspensión y reducción de jornada.

 

Cinco Días

El plan para aflorar el empleo en negro se queda en una subida de las sanciones


El Gobierno aprobó el viernes el plan para aflorar empleo sumergido, pese a no contar con el consenso de los agentes sociales. La idea de fondo es, según el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, relativamente sencilla: “Se anticipa que durante tres meses se mantendrán las actuales sanciones a las empresas en caso de que tengan empleados en situación irregular, y que pasado ese tiempo se endurecerán las penalizaciones de manera muy significativa”.

Gómez insistió en que el periodo de gracia, que va desde la entrada en vigor del decreto-ley hasta el próximo 31 de julio, “no es una amnistía”. El margen de tiempo se ha dado “para no sorprender a las empresas: simplemente tienen que saber que dentro de tres meses habrá aumentos de hasta el 300% en las sanciones”, agregó.

El Gobierno, pues, ha rectificado su propuesta inicial de eximir del pago de multas a las empresas que pongan en regla a su plantilla durante el periodo de gracia. Y, según el ministro, sigue sin haber un objetivo en cuanto al volumen de trabajadores a regularizar.

La patronal, por su parte, emitió el viernes un comunicado en el que rechazó que las sanciones se endurezcan de manera indefinida y criticó que el plan “debería ir ligado a aspectos fiscales y no solo a cambios laborales”. El Consejo de Ministros aprobó, de manera paralela a dicho plan, una ley de reforma de la Inspección de Trabajo que reordena sus competencias. No prevé, sin embargo, el incremento de recursos, la gran reclamación de los sindicatos.

Cinco Días

El Gobierno multiplicará por 5 las sanciones a los empresarios que contraten en negro


El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, que establece un periodo de regularización voluntaria de tres meses, hasta el 31 de marzo, y que endurecerá desde ese momento las sanciones administrativas a empresas y trabajadores, llegando a multiplicar las multas hasta por cinco en algunos casos.

En rueda de prensa, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha querido dejar claro que el plan está pensado para recuperar el mayor número de cotizantes posible, a lo que añadió que, tampoco habrá ninguna amnistía, puesto que sólo desde el primer día en que en que se den de alta los trabajadores en la Seguridad Social las empresas podrán acceder a bonificaciones y ayudas.

“No miramos al pasado pero no habrá amnistía. Durante el periodo de tiempo anterior (al alta del trabajador) no tendrán que pagar nada, pero tampoco habrá derechos reconocidos para nadie, se reconocerán a partir de que el trabajador y la empresa sean dados de alta en su nueva situación”, señaló.

Por otro lado, Gómez señaló que lo que sí hace el plan es “advertir con tiempo suficiente de que la legislación se va a endurecer muy significativamente”. “No hemos querido sorprender”, añadió, para apostillar que, “habitualmente este tipo de anuncios surten efectos positivos”.

Por otro lado, desde el Gobierno también se defiende que el plan servirá para “incrementar el sistema de protección social y las garantías de los trabajadores”.

SANCIONES MÁS DURAS Y MÁS INSPECCIÓN.

Según especificó el titular de Trabajo, el plan establece que una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de agosto una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.

Por otro lado, cuando el trabajador que compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos ‘en negro’ la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.

Además, la iniciativa comprende una intensificación de la actividad y la eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años. En esta misma línea, el plan incluye la realización de campañas de sensibilización pública.

ECONOMÍA SUMERGIDA.

Por otro lado, preguntado por cuántos puestos de trabajo podrían aflorar gracias al plan, el ministro de Trabajo señaló que “es muy difícil” calcular este impacto, aunque se remitió a estimaciones de la OCDE, que señalan que los niveles de economía sumergida en España “no están lejos” de los de los países del entorno europeo, situados entre el 15% y el 20% del PIB.

En cualquier caso, avanzó que una forma de conocer los efectos del plan será ver si la afiliación a la Seguridad Social aumenta en los próximos meses.