Archivo

Posts Tagged ‘juzgado’

Las causas del despido objetivo. Claro y conciso.


La reciente lectura de un artículo al respecto en una revista, nos ha hecho reflexionar sobre la cantidad de empresas que en los últimos tiempos, andan un poco confundidas sobre los requisitos validantes a la hora de realizar un despido objetivo de trabajadores, en sus diferentes modalidades, no todo vale ni se ha entregado un cheque en blanco a los empresarios, precisamente los Juzgados y Tribunales se están encargando de acotar los casos en que el empresario puede acogerse al despido objetivo en sus diferentes modalidades, causas económicas, técnicas y organizativas. Vamos a aclarar un poco que es lo que nos están diciendo los Tribunales sobre cada una de ellas.

  • Causas económicas. Se producen cuando existe una situación económica negativa, siendo esta situación económica la existencia de pérdidas actuales o futuras previstas. Esta previsión de pérdidas se aceptará cuando durante tres trimestres consecutivos, los ingresos de cada uno de esos trimestres sean inferiores a los registrados en el mismo trimestre del año anterior.
  • Causas técnicas. Acontecen cuando haya habido cambios en los medios de producción que utiliza al empresa, cambios de maquinaria, robotización de procesos, etc…
  • Causas organizativas. Entendemos por causas organizativas los cambios que se produzcan en los métodos de trabajo o en la organización de los procesos productivos de la empresa. Un caso claro es la externalización de trabajos que antes realizaba la propia empresa, subcontratando los servicios de otra empresa.

 

Hay que tener en cuenta que estos motivos no son excluyentes entre si, un despido objetivo puede invocar una o varias de las causas expuestas.

La norma habla de razonabilidad de la medida, si bien los Tribunales están abandonando este término, fijando los criterios respecto de las pérdidas (causas económicas) en que se cumplan exactamente las previsiones sobre perdidas o bien disminución de ingresos en tres trimestres consecutivos en relación con el año anterior, ciñéndose en exclusiva a este criterio. No obstante este criterio de razonabilidad sí que opera para establecer el número de despidos admisibles en función a las causas económicas invocadas.

Juan Francisco Argüelles Sánchez

Graduado Social.

 

Anuncios

¿Cómo desalojar a un inquilino moroso?


El Ministerio de Fomento de la mano del de Justicia han decidido actuar sobre la seguridad jurídica de los contratos de alquiler y las posibilidades que tienen los propietarios de recuperar su vivienda cuando se encuentran con inquilinos morosos. La lentitud y demoras que históricamente han sufrido los propietarios para recuperar su vivienda ha sido una de las causas por las que el papel del alquiler es escaso en el mercado inmobiliario.

Ahora, los procesos se vienen resolviendo en el plazo de entre cuatro y doce meses, el objetivo de esta reforma es que estos plazos se acorten hasta los dos o tres meses.

La forma que tienen prevista para conseguirlo se basará sobre todo en la clarificación de la normativa actual y en la simplificación de la comisión judicial que acude a la vivienda para efectuar el lanzamiento (desalojo efectivo del inmueble), esta comisión pasará a estar compuesta por un solo funcionario en lugar de dos como hasta ahora.

Los procesos serán iguales a los de ahora, es decir, cuando el inquilino deje de pagar, el propietario debe demandarle ante el Juzgado de primera instancia. El inquilino podrá pagar, marcharse u oponerse a la reclamación. Si el inquilino no paga ni decide marcharse, el procedimiento continua y se emitirá por el Juzgado un decreto con las fechas de la vista judicial y la del lanzamiento. Si el inquilino no manifiesta su oposición al proceso, este termina con el lanzamiento (desalojo). Precisamente este procedimiento judicial quedará con la nueva Ley totalmente clarificado para evitar demoras judiciales.

Otra de las modificaciones será que el Secretario Judicial impondrá las costas del litigio.

Respecto de la inscripción voluntaria en el Registro de la Propiedad de los contratos, cuando el inquilino deje de pagar la renta estipulada, esta inscripción podrá anularse con un requerimiento notarial, paralelo al proceso judicial.

Resumiendo:

  1. Cuando el inquilino deje de pagar la renta un mes, se podrá interponer la demanda ante el Juzgado.
  2. El Juzgado emitirá requerimiento para que se pague la deuda en el plazo de 10 días.
  3. Si no se paga la deuda ni se abandona el inmueble, el proceso continuará, emitiéndose un decreto con las fechas de lanzamiento y vista judicial.
  4. Se realizará la vista judicial sólo si el iniquilino muestra su oposición al proceso, de no ser así el pleito se resolverá con el lanzamiento (desalojo).

Francisco Sánchez Argüelles

Graduado Social

En SVS Asesores le facilitamos la gestión laboral, de Recursos Humanos y la Asesoría Fiscal y contable de su empresa, no dude en contactarnos y solicitar un estudio de la situación de su negocio y un presupuesto personalizado,

Telf. 871964700

Email: svsasesores@hotmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/svsasesores

 Skype: svsasesores

Twitter: @svs_asesores

Un juzgado cuestiona la constitucionalidad de la reforma laboral


La reforma laboral sufrió ayer su primer revés en los tribunales, después de que un juzgado de lo social de Madrid haya puesto en cuestión que esté motivado abordar mediante un real decreto-ley la modificación completa de la regulación del despido.

El Juzgado de lo Social número 30 de Madrid ha planteado las primeras dudas en torno a la constitucionalidad de la reforma laboral en vigor desde el 12 de febrero. Este órgano judicial ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma laboral al Tribunal Constitucional al considerar que tres artículos de la norma podrían vulnerar algunos aspectos de la Carta Magna relativos al despido.

El magistrado José Ángel Folguera Crespo se pronuncia así sobre la demanda interpuesta por varios trabajadores de la empresa Enjarrolla SL que fueron despedidos por causas disciplinarias. El auto, fechado el 16 de abril, considera que hay indicios de inconstitucionalidad en la supresión en los despidos improcedentes del pago de los salarios de tramitación, aquellos que se cobran desde el momento del despido hasta la resolución judicial.

El auto cuestiona la supresión de estos pagos, ya que esta medida supone una “peculiar bonificación” para el empresario, que ya no tiene que indemnizar al trabajador despedido en el periodo que va desde la extinción de la relación laboral hasta la declaración de la improcedencia del despido. Añade que sustituir los salarios de tramitación por las prestaciones por desempleo, que permite al empresario eludir estos pagos, “opera como elemento manifiestamente desincentivador de la readmisión”.

Asimismo, pone en duda la urgencia de la regulación que ha justificado su aprobación como decreto-ley: “Este tipo de regulación es impropia de una norma de urgencia y no justifica el desplazamiento de la soberanía legislativa por el Ejecutivo”, afirma.

Motivos económicos

En los fundamentos de inconstitucionalidad, el juez alega también que “despidos netamente disciplinarios y no económicos pueden quedar sometidos a una motivación y unos fundamentos de urgencia y necesidad que se refieren exclusivamente a circunstancias económicas”.

La cuestión de inconstitucionalidad se ha elevado con la oposición de la fiscalía, que considera que cuando se produjeron los despidos la reforma no estaba en vigor.

Según el auto del juzgado, la reforma laboral vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva de los trabajadores frente al despido supuestamente improcedente de tres trabajadores. Además, dañaría el derecho a la igualdad de trato entre trabajadores con derecho a prestación por desempleo y los que carecen de él en caso de los despidos improcedentes.

Las dudas sobre la constitucionalidad del decreto-ley ya han sido puesta de manifiesto por varios partidos políticos, como PSOE y CiU, así como por el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que cuestiona la modificación unilateral por el empresario de salarios y jornada si caen las ventas.

Las fechas12 de febrero fue el día de entrada en vigor de la reforma laboral. Se aprobó por decreto-ley pero se tramita como proyecto de ley.

16 de abril es la fecha del auto del juzgado.

Noticia extraída de Cinco días

En SVS Asesores le facilitamos la gestión laboral, de Recursos Humanos y la Asesoría Fiscal y contable de su empresa, no dude en contactarnos y solicitar un estudio de la situación de su negocio y un presupuesto personalizado,

Telf. 871964700

Email: svsasesores@hotmail.com

Facebook: SVS Asesores

 Skype: svsasesores

Twitter: @neroncete

El blog gestionado por SVS Asesores, pretende ser un resumen diario de prensa y artículos de interés para la comunidad en general, el artículo reproducido, ha sido extraído de la fuente citada al final del texto, si no desea que su artículo sea reproducido en nuestro blog, solo tiene que contactar con nosotros por cualquiera de los medios a disposición y será inmediatamente retirado.

 

No hay que pagar salarios de tramitación si se despide a un trabajador, aunque el despido sea anterior a la reforma


El Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero (Reforma Laboral) es una norma de aplicación inmediata, puesto que la misma establece su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, esto es el 12 de febrero; se trata de una norma que justifica en su exposición de motivos su carácter urgente y además, en materia de despido, no contiene ninguna disposición transitoria al respecto. Por tanto, como el texto establece la eliminación de salarios de tramitación si se opta por la indemnización al trabajador, no hay que abonar nada por este concepto aunque el despido se produjese antes del 12 de febrero (sent. del Juzgado de lo Social de León de 20.02.12).

Un trabajador que prestaba sus servicios como peón para un ayuntamiento con un contrato temporal vio rescindido su contrato de manera unilateral el 31 de agosto de 2011. Como entendía que la relación era indefinida (y no temporal) por el tipo de trabajos que había venido realizando demandó al ayuntamiento por despido nulo o subsidiariamente improcedente, reclamando además el pago de los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha del despido.

En su sentencia, el Juzgado admite la improcedencia del despido y condena a la empresa a optar entre readmitir o indemnizar al trabajador.

En su sentencia, aplicando ya lo dispuesto en el RD-Ley 3/2012 (Reforma Laboral), el Juzgado señala que si la empresa opta por la indemnización (y no por la readmisión) no tendrá que abonar salarios de tramitación. El Juzgado determina que hay que aplicar lo dispuesto en el nuevo texto legal porque en dicha norma “a diferencia de otras materias y a diferencia de otras modificaciones en materia de despido, no se contiene ninguna disposición transitoria al respecto y además la normativa que ahora aplicamos tiene carácter sustantivo y no procesal”.

Asimismo, señala el Juzgado que exonerar del pago de los salarios de tramitación “no supone aplicar retroactivamente una norma desfavorable que pueda vulnerar lo dispuesto en el Código Civil”. Además, concluye la sentencia, “creemos que ésta es la interpretación más acorde con el espíritu y finalidad de la nueva normativa, ya que toda ella pretende, en razón de la gravedad de la actual crisis económica, reducir el coste del despido improcedente”.

Noticia extraída de Carta de Personal

En SVS Asesores le facilitamos la gestión laboral, de Recursos Humanos y la Asesoría Fiscal y contable de su empresa, no dude en contactarnos y solicitar un estudio de la situación de su negocio y un presupuesto personalizado,

Telf. 871964700

Email: svsasesores@hotmail.com

Facebook: SVS Asesores

 Skype: svsasesores

Twitter: @neroncete

El blog gestionado por SVS Asesores, pretende ser un resumen diario de prensa y artículos de interés para la comunidad en general, el artículo reproducido, ha sido extraído de la fuente citada al final del texto, si no desea que su artículo sea reproducido en nuestro blog, solo tiene que contactar con nosotros por cualquiera de los medios a disposición y será inmediatamente retirado.

Los jueces no se ponen de acuerdo en la interpretación de la reforma laboral


Los jueces ya están plasmando su desacuerdo o sus distintas interpretaciones sobre la reforma laboral en sus sentencias.

Varias sentencias de juzgados de lo Social aplican doctrinas distintas sobre salarios de tramitación, despidos objetivos y convenios. Las diferencias se deben, sobre todo, a las interpretaciones divergentes que están aplicando los Juzgados a la hora de determinar desde cuándo se aplica la reforma. Pero estos criterios son ideológicos porque la reforma no tiene disposición transitoria y debe aplicarse de forma inmediata, según explican los juristas a los que ha consultado este diario.

1)Salarios de tramitación. La reforma laboral elimina los salarios de tramitación si no se readmite al empleado. No tiene disposición transitoria, por lo que debe aplicarse de inmediato. El Juzgado de lo Social número 2 de León así lo ha entendido, y no ha otorgado salarios de tramitación a un empleado que fue despedido de forma improcedente en agosto y no ha sido readmitido. En cambio, el Juzgado de lo Social número 19 de Barcelona y otros de la misma ciudad y otras entienden que los despidos anteriores a la reforma tienen salarios de tramitación. Pero otras sentencias sólo otorgan salarios de tramitación desde que se produjo el despido hasta el 12 de febrero, cuando entró en vigor la reforma.

Algunos jueces progresistas alertan de que otorgarán algún tipo de indemnización extra por el tiempo que dure el juicio a los despidos improcedentes posteriores a la reforma.

2)Despidos objetivos. El umbral del absentismo necesario para que un despido sea objetivo, con 20 días, se ha reducido en la reforma de modo que puede afectar, según explican fuentes judiciales, a empleados que han faltado por enfermedad justificada. Y estos jueces no van a aplicar la reforma.

3)Despidos improcedentes. A la espera de que se dicten sentencias sobre despidos posteriores a la reforma, fuentes judiciales progresistas advierten de que aplicarán la nueva norma desde una lectura basada en el respeto a la Constitución y otorgarán 45 días también para el tiempo que estuvo en vigor el contrato después de 12 de febrero. Incluso, alertan de que elevarán cuestiones de inconstitucionalidad cuando crean que peligran los derechos de los trabajadores.

4)Despido sin ninguna causa en el plazo de un año para los trabajadores contratados en empresas de menos de 50 trabajadores. Éste es uno de los puntos más problemáticos para los jueces progresistas. No lo aplicarán o elevarán cuestiones de inconstitucionalidad.

5)Convenios. Los jueces progresistas inciden en que la reforma debilita el papel de los sindicatos y de la negociación colectiva, al dar al empresario la posibilidad de modificar la retribución pactada o las posibilidades de descuelgue, no sólo salarial, sino de la integridad del convenio, limitando la ultra-actividad de su contenido. Así, algunos de estos jueces anuncian que privilegiarán los convenios sectoriales.

Justo cuando el Congreso ha convalidado la reforma y se acerca el trámite de enmiendas, que según fuentes conocedoras del proceso, introducirá cambios menores, los jueces están ya aplicando criterios distintos.

(Noticia extraída de Expansión)

En SVS Asesores le facilitamos la gestión laboral, de Recursos Humanos y la Asesoría Fiscal y contable de su empresa, no dude en contactarnos y solicitar un estudio de la situación de su negocio y un presupuesto personalizado,

Telf. 871964700

Email: svsasesores@hotmail.com

Facebook: SVS Asesores

 Skype: svsasesores

Twitter: @neroncete